¿Hasta dónde, Presidente? // Odebrecht, Peña, Salinas, PRI // No sólo Ancira y Lozoya // Ir más allá de Mexichem
abrá de verse el alcance y la autenticidad de las acciones judiciales ayer emprendidas contra dos personajes emblemáticos de la corrupción y la impunidad mexicanas. De botepronto son plausibles la detención del turbio empresario Alonso Ancira y la emisión de una orden para aprehender al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya. En términos políticos y sociales le urgía al presidente Andrés Manuel López Obrador dar alguna muestra de contundencia contra ex funcionarios corruptos, pues hasta ahora ha campeado la percepción de que se mantiene un pacto de impunidad con el peñismo y que el mayor embate contra dicha corrupción ha sido declarativo, enumerativo.
El primer golpe de escena justiciera del obradorismo se ha producido a contados días de que se realicen elecciones locales en varias partes del país, con Puebla y Baja California como concentradores de la atención pública, por cuanto ahí habrá relevo de gobernadores. Pero no pareciera que el obradorismo estuviese necesitado de montajes de última hora para ganar la mayoría de las posiciones en juego, pues el imán político de AMLO será suficiente para jalar votos en favor de candidatos que de otra manera podrían ser ampliamente repudiados (se habla del caso específico de Miguel Barbosa y de Jaime Bonilla, en las entidades arriba mencionadas).
El alto grado de aceptación pública del presidente López Obrador no corresponde, sin embargo, con la evolución cotidiana de temas que se han ido enredando. En particular, los graves problemas del sector salud, la deficiente distribución de pagos asistenciales por tarjeta y el escándalo de la desaseada y torpe difusión de listas de pagos de publicidad a empresas y periodistas. En este contexto de complicaciones gubernamentales crecientes sí podría resultar maquiavélico el acelerar procesos judiciales para enfilar la atención ciudadana hacia narrativas distractoras.
Lo importante, en todo caso, será que los casos Ancira y Lozoya estén bien armados y que no se repita el modelo de anteriores administraciones, sobre todo la peñista, de soltar mandobles judiciales con errores procesales o sustanciales sembrados para facilitar la posterior liberación de los imputados o la imposición de sanciones atenuadas.
Pero la importancia de ambos casos no queda en sus actores inmediatos, Ancira y Lozoya. De aquel, ha escrito Napoleón Gómez Urrutia (quien ahora, con gran poder, puede sentir parcialmente satisfechos sus ánimos de revancha) que Alonso Ancira, actual presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, para muchos en Coahuila y en otras partes del territorio nacional es un simple prestanombres de la familia Salinas de Gortari y cuidador de sus intereses en la industria siderúrgica, que antes de los años 80 era propiedad del Estado y del pueblo mexicano
(https://bit.ly/2Mf2psd).
Lozoya (cuyo padre fue a su vez un destacado miembro del equipo de Salinas de Gortari) ha sido un cómplice de Enrique Peña Nieto, protegido de manera impúdica durante el sexenio recién pasado. Sus actos de corrupción extrema fueron solapados por el poder peñista en general (sus secretarios de Hacienda y de Energía, así como los consejos de administración de Petróleos Mexicanos) y, en particular, por el amigo
Enrique. Además, una de las facetas de recaudación delictiva de fondos por parte de Lozoya tuvo como destino, desde Odebrecht, la campaña electoral de 2012, de tal manera que, de comprobarse la inyección de recursos del extranjero a la campaña de EPN, el Partido Revolucionario Institucional debería perder su registro electoral.
Bien por el expediente fundado en el caso Mexichem, pero es de esperarse que eso no sea un castigo selectivo a cambio de no entrar a fondo en el caso Odebrecht y sus implicaciones hacia Peña Nieto y el PRI. Bien el lance contra Ancira, señalado como prestanombres de Salinas de Gortari, pero ello no debe servir de regalo envenenado que busque atemperar o diluir las consecuencias del expediente quemante de la firma brasileña que ha llevado a la cárcel a ex presidentes y sus camarillas.
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