Personal del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte afirmó que presenció actos de tortura contra una persona detenida en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Esta organización civil denunció que el pasado 17 de mayo dos de sus integrantes realizaban una diligencia precisamente por ese delito en las oficinas de la fiscalía y mientras estaban en las instalaciones observaron, en primera instancia, cómo agentes ministeriales trasladaban violentamente a un detenido; minutos después escucharon que una persona era torturada y amenazada dentro de la Unidad Antiextorsión.

Al darse cuenta de la situación, las dos defensoras pertenecientes a esa ONG confrontaron personalmente a los agentes, quienes de manera violenta nos exigieron retirarnos porque estaban en una investigación.

Las activistas acudieron a la Unidad de Control Interno para informar lo que acababan de presenciar. En ese momento, los dos agentes que las habían encarado llegaron hasta esas oficinas para exigirles sus identificaciones que las acreditaran como visitadoras de derechos humanos y amenazaron con detenerlas por obstruir la investigación, pues argumentaron que se trataba del interrogatorio a un testigo protegido.

Ese centro de derechos humanos señaló que resulta preocupante que el propio titular de la fiscalía, César Augusto Peniche Espejel, no reconozca esta práctica y, por el contrario, se encargue de negarlo constantemente con el argumento de que las alegaciones por ese delito se deben a una estrategia de defensa para buscar beneficios.

De 2011 a la fecha esa ONG ha documentado 199 casos de tortura por parte de agentes estatales. En 16 de ellos un total de 42 personas han sido acusadas de extorsión y señalaron como responsables a agentes ministeriales y del Ministerio Público pertenecientes a la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado en la zona norte. Pese a eso, los servidores públicos todavía trabajan en la institución.

Señalaron que estos hechos ocurrieron días después de la evaluación que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas realizó al Estado mexicano el 25 y 26 de abril y que concluyó con la preocupación de los expertos de ese organismo por esa práctica reiterada en la procuración de justicia en México.

La organización defensora de los derechos exigió al Estado mexicano, en particular a las autoridades de Chihuahua (gobernado por Javier Corral), garantizar que los presuntos autores de tortura y malos tratos y sus superiores responsables de ordenarlas o tolerarlas sean enjuiciados debidamente.