a semana pasada investigadores de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) entregaron en Palacio Nacional una carta firmada por más de 3 mil personas –entre científicos, técnicos, estudiantes y trabajadores– en la que exponen la situación de precariedad por la que atraviesan los 27 centros adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otras causas por los efectos de las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno y las disposiciones de ahorro adicionales contenidas en el memorándum presidencial del 3 de mayo. La respuesta no se hizo esperar, pues la titular de ese organismo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, fijó en un noticiero radiofónico su postura frente a los reclamos de los firmantes. Lo ocurrido nos proporciona una imagen que merece ser examinada, pues revela los mundos que habitan la mayoría de los científicos y los actuales encargados de la administración pública de la ciencia, en el contexto del arranque de la Cuarta Transformación (4T).

Los CPIs surgidos desde hace 25 años cubren prácticamente todo el territorio nacional y son un claro ejemplo de la evolución que ha tenido la descentralización de la ciencia en nuestro país. Abarcan casi todos los campos del conocimiento tanto en las ciencias exactas y naturales, como en las sociales y las humanidades y cuentan entre sus integrantes con investigadores del más alto nivel. En la carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda; Carlos Urzúa, y a la titular del Conacyt, la comunidad de estos centros expresa su preocupación por el decremento de 30 y hasta 50 por ciento en partidas relacionadas con el gasto operativo de esas dependencias.

Los firmantes señalan que los daños a los CPIs asociados a los recortes implicarían la suspensión e incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de la ciencia. También expresan su preocupación por la suerte del personal técnico y operativo y sus familias por la cancelación de plazas para el personal eventual y operativo, entre los que se encuentran profesionales altamente calificados. Se solidarizan con otras instituciones que están corriendo la misma suerte, como el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Tecnológico Nacional de México, El Colegio de México y los Institutos Nacionales de Salud. Solicitan que se exima a los CPIs y a todas las instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología de los ajustes citados y que se defina una nueva normatividad para estas instituciones (en la actualidad los científicos son considerados indebidamente servidores públicos).

Me detengo con cierto detalle en los contenidos de la carta, pues constituye una parte de la imagen a la que me referí al principio. La otra es la respuesta a la misma. No se si la doctora Álvarez-Buylla, además de su participación en el noticiero de Carmen Aristegui haya entregado una repuesta formal, pero en ese espacio señaló, refiriéndose a la carta, que hablar sólo de recortes es impreciso y promueve la desinformación. Pidió que no se transmitan noticias falsas, verdades a medias y se manipule para generar entre estudiantes e investigadores preocupaciones innecesarias. En ese marco, insistió en que hay que remitirse a los hechos. Su argumento principal es que las disposiciones derivadas de la política de austeridad no afectan el uso de los recursos que son asignados a proyectos específicos aprobados por el Conacyt. Dijo que la ciencia pública casi desapareció en 2017 y 2018, y en los meses que lleva su gestión se cuenta con recursos por 800 millones de pesos para los protocolos de investigación aprobados. Considera que este es un hecho más contundente que los rumores.

Yo no encuentro que en la carta de los integrantes de los CPIs haya rumores, noticias falsas o se promueva la desinformación. De cualquier forma los proyectos de investigación aprobados por el Conacyt (que no son todos los que se desarrollan en cada institución, ni sus montos alcanzan para todo) no los realizan científicos aislados, sino que ocurren en instituciones que son las que hoy sufren daños en sus presupuestos y consecuentemente se ven afectados todos los proyectos. Lo dicho por la directora del Conacyt tiene por momentos un tono de regaño (está grabado y los interesados pueden consultarla en Youtube), lo cual parece inapropiado frente a 3 mil integrantes de la comunidad científica de los CPIs, entre los que se encuentran varios Premios Nacionales de Ciencia y participantes en proezas científicas como la primera fotografía de la sombra de un agujero negro. Como quiera que sea, hoy algunos de estos centros tienen serios problemas para afrontar sus gastos e incluso para pagar la luz.

Lo anterior sugiere que los investigadores y las autoridades del Conacyt habitan en mundos paralelos.