Al continuar la batalla que han iniciado para mantener el control del canal de televisión del Congreso local, diputados de PRD y PAN denunciarán ante la Contraloría General la posible usurpación del cargo público de Diego Antonio Saturno García, quien se ostenta como director general del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, sin que exista este cargo.

Asimismo, acusaron a Morena de pretender dar albazo y aprobar al vapor la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para crear un sistema público de radiodifusión sin condiciones legales y apoderándose de la autonomía del canal del Congreso.

Los legisladores basaron su señalamiento en dos documentos: uno es un oficio con número SPRCDMX/DG/227/2019 que dirige Saturno García a la directora general de Servicios Legales de la Ciudad de México, Silvia Marcela Arriaga Calderón, el cual suscribe como director general del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. El otro documento está dirigido a Saturno García con el mismo cargo por la funcionaria.

Al respecto, el diputado de Morena Ricardo Fuentes señaló que los diputados denunciantes pueden proceder a presentar su queja y la Contraloría General resolver conforme a lo que señala la norma.

Indicó que el dictamen de la iniciativa de ley para crear dicho sistema se elabora con base en la dictaminación de tres iniciativas: la presentada por Sheinbaum, la del diputado panista Pablo Montes de Oca y la que presentó la diputada de Morena Valentina Batres.

Por separado, Batres, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena e integrante de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias que dictaminará las iniciativas presentadas, indicó que además de que se buscará incorporar elementos de las tres iniciativas presentadas, también se incluirán las propuestas de especialistas en la materia. El propósito de la iniciativa es contar con una ley que cree un sistema público de radiodifusión local con plena independencia editorial, autonomía de gestión, financiera y de operación, y que sea, como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México, un organismo descentralizado y no sectorizado, concluyó.