El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps) lleva a cabo una campaña para llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador a vetar la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, por considerar que está elaborada en términos vagos que permiten la criminalización de las movilizaciones callejeras e incluso la utilización de armas letales contra los participantes.

En entrevista con La Jornada, Víctor Martínez Villa, abogado de la organización Propuesta Cívica, explicó que el Fleps lanzó una iniciativa de recolección de firmas en la página de Internet change.org para invitar al jefe del Ejecutivo a impedir la promulgación de la mencionada ley, que ya fue avalada por el Senado y la Cámara de Diputados la semana anterior, junto con tres normas relacionadas.

El propósito es hacer presión política para impedir que el Presidente firme la ley y entre en vigor, porque en ninguna de las dos cámaras hubo un análisis verdadero ni con participación ciudadana. Parece que agarraron el primer borrador y lo aprobaron casi sin discusión, a pesar de los riesgos que implicaba, detalló.

Entre los aspectos peligrosos de la citada legislación, dijo Martínez, está dejar en manos de las autoridades definir cuándo una manifestación es pacífica y tiene un fin lícito –de manera discrecional–, y en caso de que decida que no, las faculta para utilizar el cuarto y último nivel de la fuerza, es decir, el letal.

Asimismo, la ley sólo menciona la posibilidad de usar armas de inmovilización o armas letales, sin considerar que las primeras –entre las que se cuentan los toletes que dan choques eléctricos, conocidos como anguilas– también pueden matar a una persona, sobre todo si la descarga se realiza en el pecho, ya que su potencia es más alta de lo que se piensa.

En caso de que López Obrador decida no vetar esta ley (que se relaciona con la Orgánica de la Guardia Nacional, la del Sistema de Seguridad Pública y la del Registro Nacional de Detenciones), el Fleps iniciará una lucha legal mediante la interposición de amparos y llamará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que inicie acciones de inconstitucionalidad contra la norma.