os 200 millones que maneja el municipio de Chilapa son insuficientes para el presidente Jesús Parra García, quien se religió ante la falta de contendientes en un bastión estratégico del PRI, que aún mantiene el control de las 150 comunidades nahuas que no han podido desmontar la estructura caciquil imperante en el estado. A pesar de que el municipio está a 65 kilómetros de la capital, las comunidades no cuentan con servicios de salud, medicamentos, agua potable, drenaje y escuelas. Un lugar donde las maestras, enfermeras y médicos han optado por dejar su centro de trabajo ante el temor de ser levantados.
La incursión de civiles armados en la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo de 2015 fue una declaración de guerra entre dos grupos delincuenciales que han impuesto su ley con levantones y asesinatos. En esa fecha, mujeres y hombres mayores, armados con palos, tomaron la ciudad y se posesionaron de la comandancia municipal, utilizando camionetas para patrullar la ciudad. Nada ni nadie los detuvo, a pesar de la presencia del Ejército y de las policías federal y estatal. Argumentaron que iban a detener a los responsables de la desaparición de sus compañeros. Llegaron para disputar al grupo de-lincuencial Los Rojos el control de la ciudad. No se dio el enfrentamiento, pero sí levantaron por lo menos a 16 personas, de acuerdo con carpetas de investigación interpuestas por familiares de las víctimas ante la fiscalía del estado.
Ochos días antes, un comando armado acribilló en Atzacualoya, a Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa. De 2014 a 2017 se registraron 25 homicidios de funcionarios, precandidatas, candidatos, regidores y ex alcaldes del PRI y PRD. En 2017 asesinaron a la ex aspirante del PRI a diputada local en el distrito 25 Dulce Nallely Rebaja Pedro. También fue asesinada Antonia Jaimes Moctezuma, candidata a diputada local por el PRD. El 13 de octubre de 2017 mataron al ex alcalde de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri. El 14 de octubre fue acribillado el dirigente social e integrante de la Coordinadora Estatal del Movimiento ProAMLO Ranferi Hernández Acevedo. En este ataque también perdieron la vida su esposa, su suegra y el chofer. Aparecieron calcinados al interior de su vehículo, en el tramo carretero que va de Chilapa a Ahuacoatzingo.
Además de la violencia que ha escalado en esta región por los asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, la disputa territorial se ha extendido en núcleos agrarios y las comunidades indígenas de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala. Es una batalla que ha costado muchas vidas. El grave problema es la infiltración de los grupos delincuenciales en el gobierno municipal, las comisarías y los comisariados comunales.
El pasado 27 de enero se agudizó la violencia en Rincón de Chiautla y Zacapexco, cuando Los Ardillos intentaron tomar las comunidades y se suscitaron tres enfrentamientos con saldo de 20 muertos. Esta situación ha colocado en alerta roja a las 20 comunidades que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Pobladores han pedido a autoridades federales y estatales medidas efectivas para evitar la arremetida, han difundido videos sobre su situación de extrema precariedad y vulnerabilidad, con niños y mujeres dispuestos a defender con palos su vida y su territorio. A pesar de que se instaló un retén del Ejército en Paraíso de Tepila, el pasado 4 de mayo, en el libramiento de Chilapa, Los Ardillos asesinaron a José Lucio Bartolo y Modesto Verales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). El 24 de mayo fueron ejecutados y desmembrados el comandante regional de la CRAC-PF Bertoldo Morales y el policía comunitario Isaías Xantenco, levantados un día antes, a la altura de la comunidad de El Jagüey.
Ante la violencia imparable, más que visitas de las autoridades del estado y apoyos para las familias, las comunidades reclaman justicia. Que cese la violencia, pero sobre todo, que se desmantelen a las organizaciones criminales que se han enquistado dentro de las estructuras gubernamentales. Las comunidades afectadas no sólo son Rincón de Chiautla y Zacapexco, son más de 20 las poblaciones adheridas a la CRAC-PF que enfrentan la embestida delincuencial.
Este sábado el presidente municipal de Chilapa visitó, con gran despliegue de militares, policías federales y estatales, la comunidad de Chiautla. Las familias confiaron en que su presencia era para brindarles protección. Su sorpresa, desconcierto y enojo fue cuando escucharon su solicitud, para que las autoridades comunitarias entregaran a las personas detenidas, que son señaladas como parte de los responsables que levantaron a sus compañeros, y que son miembros de paz y justicia vinculados con el grupo de Los Ardillos. Para las comunidades agraviadas, la postura del presidente municipal pone en entredicho la imparcialidad y aumenta la sospecha de que su gobierno responde a intereses delincuenciales. Las autoridades en lugar de investigar y dar con los responsables, se preocupan más bien por rescatar a los detenidos. En la Montaña estamos lejos de que pare la guerra, sobre todo cuando las autoridades atizan la violencia.
