A pesar de los errores, insuficiencias e incluso dudas ante posibles afectaciones en materia de derechos humanos que detectó, la Cámara de Diputados avaló sin cambios la minuta del Senado con el paquete que regula la Guardia Nacional, el uso de la fuerza y las detenciones.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, la oposición respaldó las leyes, con el mensaje de que la Guardia Nacional es un instrumento que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora se esperan resultados en el combate a la delincuencia y la disminución de la violencia.

En una sola jornada y asumido el consenso de todas las fuerzas políticas en la cámara, el pleno aprobó las leyes Orgánica de la Guardia Nacional, Nacional del Uso de la Fuerza, Nacional del Registro de Detenciones y reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se turnaron al Ejecutivo para su publicación.

Al argumentar en favor de las nuevas leyes, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra, expresó que para combatir a la delincuencia ya no hay margen para la improvisación.

El país, dijo, está cansado de escuchar que la inseguridad es el principal problema; de los diagnósticos en voces de los especialistas de siempre; de las soluciones parciales y el mismo resultado. Los datos son alarmantes, es hora de enfrentar la inseguridad de forma distinta.

Durante la discusión del paquete legal, los legisladores de todos los partidos acotaron que la Guardia Nacional no podrá hacer uso desmedido de la fuerza y que sus protocolos prohíben, por ejemplo, disolver manifestaciones lícitas, término objetado por un grupo de diputadas de Morena.

Sería tanto como justificar “la ley bala” que se impuso en Puebla, resaltó en tribuna Xóchitl Zagal Ramírez (Morena). No olvidemos la causa por la que llegamos a la cámara, dijo. Sin embargo, la mayoría rechazó suprimir ese término.

Asimismo, las distintas bancadas explicaron que con el registro inmediato de cualquier persona detenida por la comisión de algún delito o falta administrativo, se evitará la repetición de casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como las cometidas en Atenco e Iguala.

Sin embargo, los coordinadores parlamentarios admitieron que las leyes contienen errores, que PAN y MC plantearon corregir con nuevas iniciativas a discutirse en el periodo de sesiones extraordinarias de septiembre.

El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, informó que la cámara recibió una carta del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jan Jarab. Claro que hay observaciones, pero no encuentro ninguna grave para modificar los dictámenes, justificó.

También, el panista Juan Carlos Romero Hicks resaltó que aún quedan dudas en materia de derechos humanos y exigió que se precise el impacto presupuestal que tendrá la operación de la Guardia Nacional. Mientras, René Juárez, del PRI, indicó que el presidente pidió una Guardia Nacional, ya la tiene y ahora queremos resultados. Reginaldo Sandoval aceptó que la legislación reglamentaria para la operación de ese cuerpo podrá tener algunos detalles, no son suficientes como para detener la posibilidad de que el Ejecutivo tenga estos instrumentos y arranque.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera (Morena) atribuyó a la Guardia Nacional la calidad de pilar de la solución al grave problema de seguridad y en ese tenor, Arturo Escobar (PVEM) sostuvo que, si esa corporación no funciona, no sabemos qué va a pasar. Esta es toda la fuerza del Estado para darnos paz.

Incluso sostuvo que todas las demás áreas del país pueden esperar, incluso la salud. Un médico sin seguridad representa un Estado fallido, declaró.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez (PAN), explicó el proceso que deberá seguir a la detención de una persona y que, indicó, busca reducir el empleo de mecanismos como desaparición forzada, vejaciones y maltrato policial. Dijo que cuando una corporación policiaca realice una detención, deberá procesar de inmediato los datos que hagan factible su identificación y los motivos de su privación de la libertad.

Abundó que con los datos se constituirá un banco, con información que permita identificar y localizar físicamente a las personas, inmediatamente después de su detención por delito o infracción administrativa, con objeto de prevenir violaciones a derechos humanos.

Mariana Rodríguez (MC) y Adriana Dávila (PAN) insistieron en las observaciones por errores e insuficiencias en el paquete legal. Hay omisiones, estamos conscientes, pero las decisiones parlamentarias, nos llevan a tomar decisiones no cerradas y a empujar los pendientes, dijo la panista.