La industria de la minería a cielo abierto se fortalece gracias a la miseria de los pueblos donde se asienta, asegura Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien advierte que esta actividad es una de más depredadoras, pues consume enormes cantidades de agua y recursos naturales, además de contaminar ríos y mantos acuíferos.

Asimismo, trastoca el entramado social y la convivencia en las comunidades originarias dueñas del territorio donde se extraen los minerales, dijo la especialista en la presentación de su libro Minería en América Latina y México, problemas y consecuencias”.

Para la investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, no es casualidad que se desarrolle esta industria donde la pobreza y la marginación son una constante, justificándose en una legislación que promueve el acaparamiento económico y el despojo antes que el bienestar social.

Largas concesiones

Puntualizó que la Ley Minera del país permite otorgar concesiones por 50 años y renovarlas por medio siglo más, mediante permisos que pueden transferirse de una empresa a otra, al margen del Estado. Pugnó por una revisión de fondo de dicha ley, pues atenta también contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades.

En la Casa Rafael Galván de la UAM, en el Encuentro de Pensamiento y Praxis: El derecho en la reconfiguración del capital, Carlos Rodríguez Wallenius, también profesor de la Unidad Xochimilco, comentó que a lo largo del texto se observa que pueblos y comunidades de México están en resistencia contra los saqueos, lo que ha resultado en una construcción histórica que comparten varias naciones de la región.