a Secretaría de la Función Pública ganó una estrellita en la frente por inhabilitar a dos altos mandos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio peñanietista, a los cuales se les impide ser funcionarios públicos por un periodo de entre 10 y 15 años, amén de que a uno de ellos se le sancionó económicamente con 620 millones de pesos, que sería el daño causado a la ex paraestatal.

Bien por la secretaria Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, la estrellita le fue retirada prácticamente de inmediato, porque la funcionaria mencionó los pecados, pero no a los pecadores, al tiempo que de nueva cuenta dejó en ascuas a los mexicanos que esperan cárcel, y no inhabilitación, para los involucrados en delitos de lesa madre en contra de la principal empresa del Estado (la Fiscalía General de la República sigue sin dar luz).

Resulta que esos dos altos mandos son Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos, y Édgar Torres Garrido, ex titular de Pemex Fertilizantes, quienes desde ya están inhabilitados para servir al país, cuando en los hechos ellos se sirvieron, con la cuchara más grande que encontraron y con plena impunidad, de los cargos que ocuparon en el gobierno de EPN y de los bienes de la nación.

A estas alturas, ¿Lozoya y Torres Garrido estarán deprimidos por su inhabilitación? Por el contrario, pues si con tal sanción evitan su encarcelamiento y logran el allí muere, pues qué mejor, en el entendido de que su paso por Pemex fue devastador, en todos los sentidos.

Las vueltas que da la vida: el 6 de diciembre de 2012, con la cara más dura que el concreto el flamante director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que mi administración tendrá tolerancia cero ante comportamientos fuera del marco legal. Esta empresa debe ser la más transparente y contar con un sistema real y permanente de rendición de cuentas.

Hizo exactamente lo contrario de lo que predicó en aquella ocasión, y 6 años y pico después se supone que pende sobre Lozoya la espada de la justicia mexicana, dada su presunta participación en el caso de Odebrecht (sobornos de la empresa brasileña al ex funcionario a cambios de jugosos contratos de Pemex). Entonces, el ex director no debe ser inhabilitado, sino encarcelado.

Pero en el resolutivo de la Secretaría de la Función Pública lo anterior nada tiene que ver, pues el fundamento para inhabilitar por 10 años a Emilio Lozoya es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Hasta allí. ¿Cuáles serán las “otras cosas? ¿Diez milloncitos de dólares bajo el colchón?

En el caso de Édgar Torres Garrido. La inhabilitación se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial del Grupo Fertinal (pura chatarra). Se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

Para el erario, las pérdidas por la adquisición de esa chatarra superan, por mucho, la sanción resarcitoria equivalente impuesta por la SFP, y Torres Garrido estará más que contento. Total, el ex socio de Carlos Cabal Peniche, Fabio Covarrubias –a quien nadie menciona en estos enjuagues, por mucho que Pemex le compró Fertinal– le puede echar una manita para pagar la multa.

Entonces, justicia plena, noinhabilitaciones.

Las rebanadas del pastel

Los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación, Santiago Nieto y David Colmenares Páramo, respectivamente, aseguran que la inhabilitación de Emilio Lozoya es sólo un primer paso en el combate a la corrupción. Bien, pero tendrán que meterle velocidad, porque hasta ahora no se ve claro.

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