La jefatura de Gobierno de la Ciudad de México devolvió con observaciones al Congreso capitalino el decreto de la Ley de Cultura Cívica que aprobó el pleno el 16 de mayo, a fin de suprimir como infracción la conducta prevista en el artículo 27, fracción VII, de invitar a la prostitución, ejercerla o solicitar dicho servicio.

Si bien la disposición está contenida en el artículo 24, fracción VII de la ley vigente y sólo es aplicable por queja vecinal, el PAN logró introducir modificaciones en la nueva norma para otorgar a las alcaldías la facultad de solicitar a la fuerza pública remitir al juzgado a las personas que incurrieran en dichas conductas.

El escrito del decreto observado señala que Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la ciudad, activistas como Marta Lamas y organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la disposición es contraria a los derechos establecidos en la Constitución de la República y de la Ciudad de México, ya que criminaliza y estigmatiza a las personas trabajadoras sexuales y es contraria al principio de progresividad de los derechos humanos que conlleva el no retroceso en la plena efectividad de los derechos conquistados.

Durante la sesión de ayer, el pleno del Congreso aprobó, además, un exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías a no criminalizar el trabajo sexual y en su discusión el diputado del PAN Héctor Barrera Marmolejo pretendió deslindar a su partido de la propuesta de adición en la Ley de Cultura Cívica, e inclusive sostuvo que “estamos en contra de la satanización de una actividad milenaria y también de que se sancione.

Da facultades a alcaldías

En la sesión del martes 16 de mayo su compañero Orlando Garrido López evidenció, sin embargo, que él fue el autor de la modificación cuando agradeció la apertura de Morena para incorporar la propuesta del diputado Héctor Barrera en el sentido de que el juez cívico conozca del hecho infractor relacionado con prostitución no solamente por queja vecinal, como normalmente ocurría, sino ahora también facultando a las alcaldías.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, comentó que el martes planteó a los legisladores la conveniencia de derogar la infracción y propuso además redactar de mejor manera otras, como la de realizar tocamientos con intención lasciva al propio cuerpo o exhibir los órganos sexuales ante otras personas.

En sus observaciones, el Gobierno de la Ciudad de México propuso también a los legisladores ponderar la permanencia o no de dicha conducta o modificar su redacción.