La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México inició 311 carpetas de investigación por el delito de despojo en lo que va de la actual administración, el cual se concentra en las demarcaciones Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez, donde se detectaron cinco modus operandi y son adultos mayores las principales víctimas.

La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, explicó que se trata de un problema que existe en toda la ciudad y la instrucción a las fiscalías de Investigación de Delitos Ambientales, en materia de Protección Urbana y desconcentradas es que integren las carpetas para proceder.

Hasta el momento se ha logrado recuperar 39 inmuebles, que han sido restituidos a sus propietarios y/o poseedores legales, uno ubicado en la calle San Luis Potosí, colonia Roma, donde los invasores decían ser damnificados del sismo, lo cual era falso, comentó.

La subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Margarita Vázquez, señaló que tras el análisis de las carpetas de investigación se detectaron cinco modus operandi, en los cuales las principales víctimas son adultos mayores que viven solos o no tienen familiares cercanos a sus domicilios.

En el primer modo, un grupo de ocho o 10 personas armadas ubican casas o predios abandonados y llegan acompañados de algún representante de un desarrollo inmobiliario y notarios de otros estados, y obligan a los dueños a firmarles las escrituras a nombre de quien será el nuevo dueño.

Tres notarios de la zona conurbada del estado de México y uno de Guerrero ya fueron identificados y serán sujetos a investigación y, en su caso, vincularlos a proceso por el delito cometido por notario público, establecido en una ley especial por la que se investiga, aunque, reconoció, no es grave.

No obstante, se solicitó el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera en la investigación de estos casos, para acreditar si actúan con dolo y deslindar responsabilidades, pues trabajan con grupos armados.

Además se analiza pedir prisión preventiva justificada para los cuidadores de estos inmuebles, pues cuando se acude a recuperarlos no se ubica a algún integrante de estos grupos armados, pero se está en el proceso de identificación, indicó.

En otro modus operandi, un abogado, quien dice haber pertenecido al PRI, se presenta ante los dueños de inmuebles con una orden de lanzamiento y exhibe documentos emitidos por una junta de conciliación y arbitraje que no existe, por lo que se trabaja al respecto con la presidencia de la Junta local.

En otro método se presentan personas presuntamente del Instituto de Verificación Administrativa con el argumento de que la propiedad será reconstruida y deben desocuparla, sin encontrarse a la fecha evidencia de que esas personas laboren en el Invea, indicó.

Además se han detectado grupos sociales que se apropian de predios argumentando que construirán casas para determinadas asociaciones y otro a través de juicios falsos, en los que meten documentación falsa y los jueces actúan jurídicamente y después se dan cuenta de que todo es falso, como es el caso del predio que ocupaba la óptica Devlyn, en Madero, en el Centro, comentaron las funcionarias.