El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 está apegado a los intereses y necesidades de México y no a las del mercado, o a los de otros países, afirmó ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En el arranque de los foros que sobre dicho plan convocó la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo que el proyecto, además, contiene un alto sentido social.

Durante la presentación de opiniones, Florian Hoepfner, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México, planteó considerar como política pública la reubicación de migrantes que solicitan asilo en el país y que podrían ser 50 mil este año.

Refirió que se trata de un aumento en las cifras, pues mientras en 2014 se documentaron 2 mil solicitudes de condición de refugiado en México, el año pasado fueron casi 30 mil.

No obstante, agregó, si las solicitudes llegan a 50 mil no son tantas si se compara con la población del país, de 124 millones, y con el número de vacantes de empleo en estados como Coahuila y Nuevo León. Es totalmente absorbible y se pueden integrar fácilmente, evaluó.

Así, mientras en Chiapas y Tabasco 73 por ciento de la población refugiada está desempleada, 10 por ciento vive con un empleo informal, no contribuye con impuestos ni forma parte del sistema deseguridad social y 82 por ciento de los menores no logran ser inscritos en escuelas, en Coahuila, Jalisco y Nuevo León la situación es totalmente opuesta.

Antes, Olga Sánchez Cordero dijo ante los legisladores que, además del combate a la corrupción, el PND propone un enfoque económico de crecimiento con austeridad, disciplina fiscal, cese al endeudamiento, respeto a la autonomía del Banco de México, la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al campo, a la ciencia y a la educación.

Respecto de la Guardia Nacional, señaló que este cuerpo será el mecanismo para la pacificación del país y para garantizar la seguridad interior.

Expresó que con el plan de desarrollo también se busca terminar con el dolor causado por la violencia y los abusos contra la población vulnerable.