n agosto de 2018 el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo ante representantes de las comunidades científica y empresarial del país que durante su gobierno se apoyaría a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), a las que consideró fundamentales para enfrentar los problemas del país. Lo que corresponde a nosotros, que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno... es garantizar que la aportación del presupuesto en ciencia y tecnología aumente, y en el peor de los casos que no se reduzca. Pero hoy, ante los efectos adversos de la política de austeridad republicana sobre gran número de instituciones científicas, y el nuevo apretón que se da con el memorándum presidencial del 3 de mayo, uno se pregunta: ¿cómo fortalecer entonces el papel de la ciencia en la solución de los problemas nacionales reduciendo sus recursos?

Y no es que se ponga en duda la congruencia del Presidente de la República, pues ha demostrado tenerla en diversos temas. Pero la aplicación general de una política de austeridad orientada a evitar el derroche, los salarios exorbitantes de los servidores públicos, los automóviles de lujo, aviones y helicópteros puede corresponder a las prácticas de buen número de dependencias del gobierno, pero definitivamente no es el caso de las instituciones científicas, donde los bajos salarios de los investigadores (cuyo estatus legal es erróneamente el de servidores públicos) sólo alcanza un nivel digno con la integración de bonos, estímulos, seguros y otros beneficios que ahora se eliminan por las disposiciones mencionadas con la consecuente reducción de sus ingresos.

Y no sólo eso. En el memorándum del 3 de mayo se establecen medidas de observancia obligatoria para toda la administración pública federal con reducciones en partidas que dañan y pueden impedir el desarrollo de los trabajos científicos. Por ejemplo, el punto nueve establece que todo viaje al extranjero debe ser autorizado por el Presidente de la República, lo cual es absurdo, pues cada investigador realiza anualmente por lo menos un viaje para asistir a eventos internacionales, lo que permite, entre otras cosas, establecer convenios de colaboración y que México pueda estar al tanto en tiempo real de los avances en todos los campos del conocimiento y conocer los riesgos y oportunidades asociados a ellos. El Presidente tendrá además numerosas solicitudes en su escritorio que no podrá atender.

Para comprender lo absurdo de la aplicación general de tales medidas, se establece también la reducción en 30 por ciento en la partida que se refiere a Estudios e investigaciones, que si se aplica al pie de la letra implicaría la cancelación de proyectos científicos en las instituciones en la proporción señalada. La divulgación científica también se verá afectada por la reducción en 30 por ciento de las partidas correspondientes a comunicación y de 50 por ciento para exposiciones.

Si las medidas iniciales de austeridad estaban pensadas para garantizar la atención a los programas sociales, la justificación explícita de la reciente vuelta de tuerca, representada por el memorándum del 3 de mayo, es que los recursos que se obtengan se usarán para fortalecer a Pemex.

La nueva disposición surgió luego del anuncio de la construcción de una nueva refinería, en la que participará el Instituto Mexicano del Petróleo, los recursos obtenidos con las medidas de ahorro pretenden garantizar el éxito del proyecto. Resulta paradójico que si una proporción de los recursos para Pemex llegarán a este instituto de investigación (con lo que teóricamente se incrementaría el gasto gubernamental en ciencia y tecnología de 2019 acercándose al cumplimiento del compromiso del Presidente), al mismo tiempo se esté reduciendo el presupuesto a los centros públicos de investigación (CPI), los institutos nacionales de salud o al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, entre muchos otros, con lo que el reporte del gasto en este sector al concluir el año mostrará seguramente un nuevo decremento.

Pero el punto al que quería llegar es que el efecto colateral de las medidas de austeridad que han puesto en jaque a las instituciones científicas del país, han provocado la expresión de un fenómeno que muestra que se está llegando a un límite, como lo han advertido la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y 3 mil investigadores y técnicos de los 27 centros públicos de investigación. En sendos comunicados se dirigen respetuosamente al Presidente, la Secretaría de Hacienda, legisladores y otras autoridades señalando su acuerdo con la austeridad y el manejo eficiente y transparente de los recursos, pero se señalan los daños que provocan las medidas de ajuste y se solicita que se establezca un régimen específico para el sector de CTI y se eliminen los impactos negativos del memorándum del 3 de mayo… Es un llamado que no se puede ignorar.