reserva de que el organismo autónomo responsable de suministrar la información de asuntos públicos informe a detalle sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un golpe seco a la estructural relación de complicidad entre las élites política y económica de nuestro país, al cancelar las opciones presidenciales de condonación discrecional e injustificada de deudas fiscales a empresas.

El planteamiento hecho por el político tabasqueño resulta irritante. A lo largo de los sexenios encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña, aunque la facultad presidencial de esas condonaciones inició con Vicente Fox, se otorgaron ese tipo de beneficios, absolutamente a voluntad del ocupante de la silla presidencial, hasta sumar más de 400 mil millones de pesos que fueron perdonados a empresarios, sobre todo a grandes contribuyentes y, de manera consecuente, dejaron de ser integrados al erario y distribuidos en obras y servicios de interés popular.

López Obrador calificó tales maniobras como un “huachicoleo de cuello blanco”. Todo a la legalita, como solía decirse en los años más sucios de la simulación gubernamental: la ley o los reglamentos y decretos eran acomodados para que las decisiones de los jefes tuviesen sustento legal, así fuera forzado o tramposo.

¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de estas condonaciones-saqueo? Del conjunto de miles de receptores de tales condonaciones destaca que 58 tienen a sus empresas cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y otros 45 solicitaron el amparo de la justicia federal para no cumplir con los pagos requeridos (a través de carísimos litigantes pertenecientes a despachos dorados; el selecto ramillete de abogados que casi siempre ganan sus costosos asuntos gracias al tráfico de influencias y al aceitado económico del engranaje judicial).

Es probable, con esos datos, que haya una línea de correspondencia entre esas grandes fortunas tan fiscalmente afortunadas (un centenar de nombres, que virtualmente se llevaron la cuarta parte de las condonaciones) y las famosas listas de los supermillonarios del país (y, en algunos casos, del mundo). La pobreza económica de decenas de millones de mexicanos tiene como una de sus causas la virtual elusión fiscal: millones de ciudadanos pagan religiosamente sus impuestos y la élite empresarial se beneficia de exenciones de escándalo. Ojalá el anuncio de correcciones profundas hecho por López Obrador sea pleno, viable e irreversible.

En Estados Unidos ha avanzado la clasificación de Emiliano Salinas Occelli como corresponsable de conspiración (coconspirador, ha sido el término utilizado en la inmediatez informativa) en actos criminales cometidos por el grupo denominado Nxivm (pronúnciese néxium), del que se informó oportuna y detalladamente en las entregas de esta columna de siete años atrás, el 23 de abril de 2012, https://bit.ly/2JSh8pX, con una actualización en octubre de 2017 https://bit.ly/2YxQsz0.

Salinas Occelli se asoció con el máximo líder del grupo Nxivm, Keith Raniere, para promover las tesis y las formas de adoctrinamiento en las que participaron hijos de relevantes políticos priístas y panistas y de empresarios, entre ellos, de un importante medio de comunicación con presencia fuerte en las tres principales ciudades del país. Raniere, buscado por las autoridades estadunidenses cuando estalló el escándalo de esclavitud sexual y marcaje de mujeres, se refugió en México, donde luego fue detenido.

La designación del médico Carlos Lomelí como superdelegado obradorista en Jalisco nació cargada de los enredos que ahora se van evidenciando. El primer tema delicado es su sabida propensión a los negocios con gobiernos en materia de medicamentos, lo que ahora ha sido demostrado, en clara situación de conflicto de intereses, en una indagación periodística. Lo segundo es la indudable pretensión de que se convierta en un gobernador paralelo a Enrique Alfaro, quien derrotó a Lomelí en las urnas.

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