illones de usuarios de teléfonos celulares Huawei permanecen en la incertidumbre a raíz de que Google anunció el domingo pasado que ha suspendido la transferencia de software a dispositivos de esa marca –salvo el que esté cubierto por licencias de código abierto– en acatamiento a una orden del presidente estadunidense, Donald Trump, de incluir a la firma china en una lista negra comercial, en el contexto de la ofensiva desatada por la Casa Blanca contra el país asiático.
Las restricciones implican que aplicaciones universales propiedad de Google, como Gmail, YouTube, Google Play Store y Google Maps no podrán ser instaladas o actualizadas en los aparatos Huawei. Es probable, por añadidura, que estos dispositivos experimenten limitaciones o interdicciones que les impidan actualizar el sistema operativo Android, que es el que usa la gran mayoría de smartphones, y también ha sido desarrollado por Google.
Aunque Huawei anunció ayer que dará respaldo a sus celulares y tabletas por medio de actualizaciones de seguridad y servicios, ello no basta para remontar el daño causado, que es alarmante por donde se le vea. Para empezar es un golpe severísimo a una de las empresas mejor posicionadas en el mercado de los celulares, la cual puede experimentar en el corto plazo una caída en picada de sus ventas; por otra parte, las disposiciones del gobierno estadunidense utilizan como rehenes a los usuarios de los teléfonos inteligentes de esa marca, cuyos modelos de gama alta representan una inversión cercana o superior a mil dólares; y, lo más preocupante, el boicot de Google a Huawei puede sembrar una desconfianza irremediable en el mercado tecnológico y representar el principio del fin de la tendencia integradora mundial entre fabricantes de hardware y proveedores de software, lo que significaría una regresión de décadas hacia sistemas cerrados y propietarios y, por consecuencia, un daño incalculable a la conectividad multisistemas y multiplataformas característica de nuestro tiempo. Una fragmentación semejante podría, a su vez, generar una contracción sin precedente en el mercado de los productos de informática y telecomunicaciones.
Resulta inocultable, por otra parte, que la ofensiva de Trump contra Huawei –que ha pasado por la persecución judicial de una de sus principales ejecutivas– obedece a razones políticas y electorales y es parte de una serie de actos hostiles realizados con el propósito de obtener concesiones por parte de Pekín en el comercio bilateral.
Y en esta ruta de politización de los intercambios, la Casa Blanca bien podría ordenar a Microsoft abstenerse de surtir sus sistemas operativos a los fabricantes chinos de computadoras, o prohibir a Apple que ensamble sus equipos en factorías de esa nacionalidad. En contraparte, este golpe de Washington puede impulsar a otros fabricantes a desarrollar sistemas operativos propios, pero también a contramedidas que le resultarían desastrosas, como el cese de las exportaciones de circuitos y microcomponentes chinos a ese país.
Más allá del creciente diferendo entre China y Estados Unidos, el episodio debe llevar al resto de los países a reflexionar sobre el peligro potencial que representa la dependencia hacia virtuales monopolios informáticos como los de Google o Microsoft, los cuales, ya se ha visto, pueden ser usados como instrumento de chantaje contra cualquier empresa y de cualquier gobierno, en una suerte de ejercicio de totalitarismo digital.
Otro tanto puede decirse del control estadunidense de las redes sociales y servicios de mensajería más populares del mundo, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp. Los peligros de esa nueva hegemonía debiera ser suficiente para alentar un esfuerzo multilateral de cooperación para el desarrollo y la expansión de plataformas y sistemas de código abierto que no puedan ser usados como mecanismo de proyección hegemónica.
