De acuerdo con la reforma laboral aprobada en el Congreso de la Unión, en los próximos cuatro años deberán revisarse todos los contratos colectivos de trabajo existentes en el país y deberán someterse a la aprobación de los trabajadores.

En el presente año, las áreas de justicia laboral y de conciliación que deberán atender dichas revisiones tuvieron recortes presupuestales.

Cifras en el portal de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalan que en el país hay casi 50 mil registros laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, de los cuales al menos 21 mil 874 son contratos colectivos de trabajo, lo que implicará poner sobre la mesa entre 5 mil 400 y 12 mil 500 contratos por año.

La ley establece que todos los contratos colectivos de trabajo deberán, en cuatro años, revisarse tanto en juntas locales como en juntas federales, y éstos tendrán que someterse a la aprobación de los trabajadores. No es recuento, (sino que) se ponen a consulta, explicó el subsecretario del Trabajo de la STPS, Alfredo Domínguez Marrufo.

Detalló que los contratos laborales, por ley, deben revisarse entre los sindicatos y la parte patronal cada dos años, sin embargo, en muchos casos no se realiza este proceso. El 80 por ciento de los contratos colectivos que hay en el país, según cálculos, la mayor parte no se revisan, agregó el funcionario federal.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año registra recortes en las áreas encargadas de atender las conciliaciones entre la parte patronal y los sindicatos. En el rubro de justicia laboral pasó de mil 117 millones de pesos en 2018, a 985 millones para 2019.

Además, para el rubro de conciliación laboral, en el que se encuentra la Unidad de Funcionarios Conciliadores, el presupuesto pasó de 177.8 mdp a 171.6 mdp para el presente año. La estructura orgánica publicada por la dependencia en su sitio web, indica que esta unidad cuenta con cuatro subcoordinadores, cuatro directores y nueve funcionarios conciliadores en total.

Domínguez Marrufo sostuvo que, contrario a las críticas que hicieron algunos grupos sindicales que aseguraron que con la reforma laboral, para las revisiones de contratos se debían presentar los trabajadores físicamente a firmar –lo que implicaría movilizar a miles de personas–, no será necesario que acudan personalmente, sino que el sindicato deberá presentar en un sobre cerrado el respaldo del 30 por ciento de los trabajadores.

Sólo en caso de haber varios sindicatos deberá primero definirse cuál es el mayoritario, que será el que tenga la titularidad del contrato colectivo.