Además de la impunidad en los feminicidios, otro gran pendiente en estos casos son los niños que se quedan huérfanos con las familias sin los recursos necesarios para su cuidado, advirtieron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona.

La señora Margarita, de 61 años de edad, no sólo ha tenido que reunir fuerzas para buscar justicia para su hija Campira, asesinada por su pareja en diciembre de 2016, sino también para atender a sus dos nietos.

El tiempo lo ha dividido entre trabajar para que el asesino de su hija sea sentenciado por feminicidio –pues al inicio de la investigación su muerte se tomó como suicidio– y cuidar a los hijos de Campira.

Con el dinero de su jubilación y el de su esposo apenas reúne lo suficiente para sacar a sus nietos adelante: alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y aunque los menores han sido señalados como víctimas indirectas del asesinato de su madre, la reparación del daño se haría hasta que termine el proceso, de lo cual ya han pasado dos años y no tiene fecha para concluir, dijo Margarita en entrevista.

El proceso judicial se realiza en la Ciudad de México, donde radicaba Campira, y Margarita radica en Acapulco, Guerrero.

Además, lamenta que los menores: una niña de cuatro años y un niño de 14 años, tampoco han recibido la atención sicológica que requieren, pues sólo se les puede brindar en la Ciudad de México y ella no tiene la posibilidad de trasladarse con tanta frecuencia a la capital del país.

Margarita también ha tenido que luchar por la custodia legal de sus nietos. El niño no tiene padre porque éste murió de cáncer, y para lograr obtener la titularidad del menor tardó dos años en trámites. En el caso de la niña, ya solicitó al padre la custodia compartida porque la menor vive con ella.

María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló en entrevista que hasta el momento no hay protección integral para los hijos de las mujeres víctimas de este flagelo tan común en el país.

Lagunas en el sistema judicial

El sistema judicial, señaló, solamente inicia investigación por el delito de tentativa de feminicidio, pero no se piensa en la situación de los niños y de las niñas: ¿qué va a pasar con ellos?, ¿qué atención tienen tanto sicológica como económica? o ¿con quién tienen que permanecer?

Tampoco, apuntó, hay un registro nacional de cuántos menores están en esta situación. Por ello, agregó, se requieren reformas al marco legal que brinden protección a los infantes.

Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, señaló que es una realidad que muchas de las mamás de las víctimas también sufren un viacrucis en la lucha por tener la custodia de los nietos que a veces son las familias de los feminicidas o los propios feminicidas, que están en la impunidad, quienes se llevan a los hijos.

Para estos casos, añadió, está totalmente divorciado el proceso penal y tampoco hay un mecanismo o una instancia o instituciones que vele por ello, que les faciliten a los familiares de los menores los procesos para estar a su cuidado, y mucho menos que un juez considere, además de la materia penal, lo que sucede con los hijos e hijas, ni siquiera desde una perspectiva de protección.