Bogotá. Una juez de Colombia legalizó ayer la captura de Jesús Santrich, ex líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pedido en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, quien fue hospitalizado y se encuentra en terapia intensiva de la Clínica Méderi, de esta capital.

La fiscalía informó que para este lunes fueron programadas las audiencias de imputación de cargos por narcotráfico y concierto para delinquir.

El juez de control de garantías #Bogotá legalizó la captura de Seuxis Paucías Hernández Solarte –nombre de Santrich–, tuiteó la Fiscalía General de Colombia.

La diligencia fue postergada por los problemas de salud del ex combatiente que, según una valoración de la estatal forense, tenía alteración del estado de conciencia y heridas suturadas en los brazos, las cuales fueron autoinfligidas en prisión el viernes pasado, cuando se esperaba la excarcelación de Santrich, dictada dos días antes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar los peores crímenes durante más de medio siglo de conflagración con las FARC, convertidas en partido político.

Por conducto de su embajada en Bogotá, Washington se opuso férreamente a la excarcelación de Santrich y exigió la apelación urgente del fallo que lo dejaba en libertad.

Duque, dispuesto a extraditarlo a EU

El presidente Iván Duque se declaró indignado con la decisión del JEP y apoyó la apelación de la procuraduría, advirtiendo que el caso no está cerrado e incluso está dispuesto a autorizar su extradición.

A su salida de la cárcel Santrich fue capturado nuevamente por agentes de la fiscalía que lo trasladaron a la Clínica Méderi, como parte de una investigación por narcotráfico iniciada en Estados Unidos.

Santrich es acusado por las fiscalías de Colombia y de Estados Unidos de haber concretado un supuesto acuerdo con el cártel de Sinaloa para ingresar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos por unos 15 millones de dólares, que luego se venderían hasta por 300 millones de dólares en el mercado estadunidense, entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo final de paz suscrito entre el gobierno y las FARC en noviembre de 2016. Ambas fiscalías argumentan que este delito no está comprendido en los hechos considerados por la justicia transicional del JEP, lo que daría paso a su extradición.

Santrich, de 52 años e invidente, detenido en abril de 2018 con fines de extradición y quien fue negociador de los acuerdos que permitieron el desarme y la transformación de las FARC en partido político, proclama su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana.

El comité de solidaridad con Santrich, desde donde informan los detalles de su proceso judicial, denunció en Twitter que tras cerca de 12 horas de audiencia dentro de la unidad de cuidados intensivos, con Santrich inconsciente y un listado de actuaciones descaradamente inconstitucionales, una juez sin competencia para conocer del caso resolvió declarar legal su captura.

Apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7 mil combatientes de las FARC prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas, pero deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.