Las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) confirman que es una práctica generalizada en el país, por lo que el actual gobierno debe reconocer la magnitud del problema.

Así lo afirmó Sofía de Robina, integrante del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien consideró que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de demostrar su voluntad política de acabar con la práctica de la tortura, siguiendo la hoja de ruta que le marcó el CAT con sus observaciones.

Los señalamientos del organismo internacional –dados a conocer el viernes, luego de que México fuera evaluado en abril– confirman el diagnóstico de que la tortura es generalizada y cometida por elementos de varias instituciones de seguridad para obtener pruebas ilícitas que después son utilizadas en procesos injustos, puntualizó la abogada.

Muchos de los elementos incluidos por el CAT en sus recomendaciones fueron retomados de los informes presentados por organismos civiles de derechos humanos, dijo De Robina e indicó que el gobierno mexicano tiene ahora un panorama claro de las acciones que debe realizar para terminar con la tortura.

Entre los puntos a atender, recordó, está crear un registro de detenciones y una ley de uso de la fuerza, y establecer exámenes médicos independientes para detectar casos de tortura.