l presidente López Obrador no lo convencen las cifras reportadas por el Inegi sobre la desocupación en el país, pues, dijo, hay más oportunidades de trabajo en la actualidad y no se miden porque no todo lo registra el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La víspera, el citado instituto informó que en el primer trimestre de 2019 la tasa oficial de desocupación (que no de desempleo) fue de 3.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), proporción que se traduce en 1.9 millones de mexicanos en tal condición. Dicha tasa resultó ligeramente superior a la registrada en los primeros tres meses de 2018 (cuando fue de 3.1) y apenas por arriba de la reportada en octubre-diciembre del año pasado (3.3).

Pero López Obrador dice que el Inegi no considera algunos elementos. Por ejemplo, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro están contratados 500 mil y 200 mil sembradores. En el caso de los jóvenes, 3 mil 600 pesos mensuales de aprendices, pero son 500 mil que no están registrados; se puede decir que es apenas un poquito más del salario mínimo, pero en el IMSS se inscribe a partir de salario mínimo. En el caso de los jornaleros, de los sembradores, son 200 mil y es un jornal de 5 mil 600 pesos mensuales; estamos hablando de 700 mil que no están incorporados y va a ir creciendo el número; calculamos que en tres meses ya vamos a tener un millón de jóvenes. No me atrevería a decirles mentiras: hay más oportunidades de trabajo en la actualidad.

Se supone que el Inegi debió incluir en su contabilidad lo descrito por López Obrador, pero en cualquiera de los casos lo cierto es que en materia de ocupación y empleo México no está precisamente en la gloria. La precarización del mercado laboral ha sido la norma a lo largo de muchísimos años, y los últimos tres sexenios (Fox, Calderón y EPN) son muestra fehaciente de ello.

Un ejemplo inmediato es el caso de la administración peñanietista, a lo largo de la cual se presumieron cifras históricas en generación de plazas laborales, sin mencionar que eran de muy baja calidad y, desde luego, salario, mientras tres de cada cinco mexicanos en edad y condición de laborar sobreviven en la informalidad. Y esta última proporción no se ha modificado en décadas. El problema, pues, no es coyuntural, sino estructural.

Las cifras oficiales revelan que al cierre de marzo pasado la población económicamente activa en el país sumó poco más de 56 millones de personas y de ellas alrededor de 54 millones oficialmente están ocupadas. Pero de ese universo sólo 20 millones tienen registro en el IMSS, o lo que es lo mismo cuentan con un empleo en el sector formal de la economía. El resto se encuentra en la informalidad (más de 30 millones) o en la desocupación abierta (1.9 millones).

El panorama, pues, resulta nada agradable, y como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la economía mexicana se encuentra en un momento de definición, pues la desaceleración económica viene acompañada de una precarización del mercado laboral y de un incremento en la inflación, de tal suerte que nuestro país debe atender su agenda pendiente: el fortalecimiento de las capacidades productivas internas, la que pueden crear empleo formal a través de la inversión productiva.

El citado instituto subraya que el debilitamiento del empleo y la ocupaciónrepercute en la capacidad de consumo de los mexicanos: la moderación en la demanda de bienes y servicios es producto tanto del ligero incremento en la tasa de desempleo como del repunte en la precarización del mercado laboral.

Las rebanadas del pastel

Allá por febrero de 2017 el entonces inquilino de Los Pinos, Enrique Peña, reconoció el trabajo del gobernador Roberto Sandoval en materia de seguridad, pues es un ejemplo nacional; Nayarit evidencia los buenos resultados que hemos tenido en esa materia. Pues bien, dos años después se confirma que el nayarita tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. De ese tamaño es el ejemplo nacional.

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