Con la entrada en vigor de la nueva reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió todas las evaluaciones magisteriales, así como los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en el servicio docente, a la espera de que se emitan las leyes secundarias y se cree el sistema para la carrera de las maestras y los maestros.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que con la aplicación del decreto que reforma los artículos tres, 31 y 73 constitucionales, quedan suspendidas cualquier evaluación magisterial y todas las disposiciones contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Tras publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación y alcanzar su aprobación en la mayoría de los congresos estatales, la dependencia federal destacó que también se suspenden las leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al acuerdo educativo nacional.

Sólo permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

La SEP insistió en que con la aplicación del decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

Agrega que mediante la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la dependencia estará atenta a recibir cualquier información para garantizar el pleno cumplimiento del decreto y avanzar en la implementación del acuerdo educativo nacional. El nuevo marco jurídico establece en su artículo tercero transitorio que al entrar en vigor quedarán sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Agrega que también en el artículo cuarto transitorio se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Se establece que el Congreso deberá expedir las nuevas leyes secundarias en un plazo no mayor a 120 días, a partir de la publicación del citado decreto.