México pierde atractivo a nivel mundial como país minero y las empresas sólo prevén invertir 2 mil 600 millones de dólares en 2019, lo que implica 43.5 por ciento por debajo de los 4 mil 600 millones de dólares de 2018 y menos de la tercera parte respecto al récord por 8 mil 5500 millones que alcanzaron en 2011, advirtió Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Caminex).

Precisó que para exploración sólo se contará con 160 millones de dólares en este año en contraste con los 500 millones que se destinaron al mismo fin a principios de la década, lo que pone en riesgo el desarrollo del sector.

Si no hay exploración, no va a haber minas en el futuro, advirtió y atribuyó el desplome de la inversión a que no existe una política pública que impulse la minería, similar a que se creó desde hace años para posicionar a la industria automotriz y que ha logrado que México sea el sexto productor de automóviles. La industria minera, dijo, puede contribuir al desarrollo económico tan urgente que requiere el país, con inversiones, empleos y pago de impuestos.

El dirigente empresarial se quejó de que a la industria minera se le vea como un sector al que hay que cargarle más la mano por la mala imagen que tiene, cuando en realidad por operar en zonas aisladas muchas comunidades la ven como gobierno en tanto que para desarrollar sus proyectos también hace obras de infraestructura, como abrir caminos y pone en marcha programas sociales para la población.

Con políticas públicas que nos dieran certidumbre podemos duplicar la inversión y no quiere decir exención de impuestos. En Perú, Chile y Argentina existen los convenios de estabilidad tributaria que garantizan a las empresas que el esquema de impuestos no cambiará durante 15 o 20 años. Ese tipo de certidumbre es lo que nosotros realmente pedimos y también que no se pongan en duda las concesiones, ni se condicionen a que se pueden perder por cualquier razón, sostuvo el también director general de Industrias Peñoles.

Destacó que en 2017, la minería aportó al fisco 37 mil millones de pesos por impuesto sobre la renta y pago de derechos, cantidad que equivale a lo que la Federación entregó como partida presupuestal a Jalisco, el segundo estado que más recursos recibe por este concepto.

Además del impuesto minero de 2014 con el que las empresas aportan al fisco el uno por ciento de sus ingresos, se han sumado otros gravámenes que desalientan la inversión, entre ellos que ya no se les permite deducir el gasto en exploración y, desde hace dos semanas, el diésel.