El subprocurador de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la procuraduría capitalina, Irving Espinoza Betanzo, y las catedráticas de la UNAM Mariana Moranchel Pocaterra y Miriam Lisbeth Muñoz figuran en la lista que envió ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Congreso capitalino para integrar la sala ordinaria y superior en materia anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, junto con tres funcionarios del mismo órgano jurisdiccional, entre éstos el coordinador de asesores de la presidencia, Andrés Ángel Aguilera,

Los otros son el secretario de acuerdos encargado de la ponencia 15 en la quinta sala, Erwin Flores Wilson, quien en su historial tuvo el recurso contra el contrato del gobierno anterior para la construcción, puesta en marcha y operación de la planta termovalorizadora en el Bordo Poniente, y Rebeca Gómez Martínez, secretaria de acuerdos en la ponencia cuatro de la segunda sala a cargo del magistrado Ernesto Schwebel Cabrera.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Castillo, explicó que en la reforma de febrero pasado, que redujo de 20 a seis el número de magistrados de las salas de Responsabilidades Administrativas y de Buena Administración, se fijó al Congreso un plazo de 10 días naturales a partir de ayer para resolver si se les ratifica.

De las 20 propuestas que envió en diciembre de 2017 el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que generaron controversia al incluir a allegados de los entonces diputados Jorge Romero, Mauricio Toledo y Leonel Luna, sólo se repite el de Andrés Ángel Aguilera.