Serán ocho jueces cívicos los que se encarguen de aplicar las sanciones contempladas en el programa de fotocívicas, señaló el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Héctor Villegas Sandoval, luego de que el Congreso capitalino aprobó las reformas a la Ley de Cultura Cívica.

Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, indicó que de ser necesario se sumarán más juzgadores dedicados a ese tema, previo un proceso de capacitación en el que participarán las secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana.

Formalmente quien emite la sanción es el juez, y aunque quien la opera sea otra área de gobierno, el que los va a recibir y a determinar si cumplió con sus horas de trabajo comunitario será el juzgador especial, explicó.

Respecto de la aprobación de las reformas a la Ley de Cultura Cívica, dijo que se trabaja en la modificación del reglamento y recordó que recientemente se contrató a 50 jueces más, con lo que ya se cuenta con 120 juzgadores, además de que habrá nuevas modificaciones a la ley en temas como el ejercicio de la prostitución que se presentará en el próximo periodo de sesiones.

Ayer, el dictamen sobre la ley se aprobó por 47 votos a favor, siete en contra y una abstención, tras una discusión de más de dos horas en la que el coordinador del PRD, Jorge Gaviño, el panista Jorge Triana y el priísta Fernando Lerdo de Tejada reclamaban la inconstitucionalidad de la norma al establecer la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo en la aplicación de la sanción, cuando la infracción se cometió por otra persona que lo conducía con su consentimiento; porque el gobierno expidió un reglamento antes de la aprobación de la ley y por ser un traje a la medida a una promesa de campaña de la jefa de Gobierno.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, dijo al presentar el dictamen que la nueva ley cambia la visión recaudatoria que se tuvo en la pasada administración con las fotomultas, para promover una política de protección a peatones, ciclistas y conductores.

Además incorpora al catálogo de infracciones las violaciones al Reglamento de Tránsito, como que los operadores de transporte público de pasajeros se auxilien de otras personas para cobrar o vocear el servicio y proferir expresiones verbales de connotación sexual a una persona, así como exhibir los órganos sexuales o hacerse tocamientos lascivos ante otra persona.