La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de México información sobre la denuncia de violaciones a las garantías de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez que participaron en una investigación experimental sin su consentimiento y a causa de lo cual sufrieron daños irreversibles.

La queja fue presentada el 16 de julio de 2012 por el neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira, con el apoyo de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad. El pasado 9 de mayo, el organismo internacional informó de la solicitud a las autoridades del país y el plazo de tres meses que tienen para presentar sus observaciones.

La CIDH puntualiza que aún está pendiente la decisión de si admite la queja para su investigación puntual. También está la posibilidad de alcanzar una solución amistosa entre las partes.

En la queja se acusa del presunto crimen de lesa humanidad a Julio Sotelo Morales y quienes resulten responsables por las cirugías de tipo experimental que se practicaron en 474 pacientes con hidrocefalia, reconocidos por la Secretaría de Salud, y a quienes se les colocó un sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, cuyo uso rutinario en hospitales no estaba autorizado, además de que no representaba ningún avance para mejorar las condiciones de los enfermos, señala el documento.

A muchos de los afectados se les tuvo que volver a intervenir para retirar el dispositivo.

La denuncia de estos hechos provocó el despido de Ondarza Rovira del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, primero en 2006 y obtuvo la resolución judicial a su favor, por lo que fue reinstalado. En octubre de 2017, como resultado de un procedimiento administrativo irregular, fue inhabilitado de su puesto, y despedido por segunda ocasión.

El especialista volvió a ganar en juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 30 de mayo de 2018, pero hasta la fecha las autoridades del instituto han sido omisas en reintegrar al especialista a su lugar de trabajo y cubrir los salarios no devengados.

Además, a pesar de la sentencia en favor de Ondarza, en diciembre de 2018 se enteró del congelamiento de sus cuentas bancarias, solicitado por el órgano interno de control del INNN, con la supuesta intención de hacer cobrable la multa que se le había impuesto por más de 190 mil pesos, la cual quedó sin efecto en el juicio que concluyó en mayo pasado.