El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y su antecesor, el Ifai, han ordenado en al menos 47 ocasiones a las autoridades hacendarias que den a conocer los nombres de los beneficiarios de condonaciones de créditos fiscales, pero hasta el momento ninguna de esas resoluciones se ha acatado, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha promovido amparos para evitar la entrega de dicha información.

Uno de los primeros recursos de revisión donde el Inai ordenó la entrega de esos datos se discutió el 10 de marzo de 2010, fecha en la cual el entonces Ifai ordenó al SAT que hiciera pública la relación de personas físicas o morales a las que se les hubieran cancelado créditos fiscales en el ejercicio fiscal 2007, precisando el monto y las razones de dicho perdón.

El 27 de octubre de 2015, ya con el nombre de Inai, el órgano garante llamó al SAT a revelar el nombre, la denominación o razón social y Registro Federal de Contribuyentes de las personas cuyos créditos fueron cancelados y/o condonados de enero de 2007 a julio de 2015, así como el monto de esas operaciones.

Un ejemplo más ocurrió el 22 de junio de 2018, cuando el instituto instruyó al mismo sujeto obligado que diera a conocer los nombres de las empresas y montos condonados por pago de impuestos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Ninguna de dichas resoluciones se ha llevado a la práctica, debido a que el SAT ha promovido amparos para no entregar los datos requeridos, con el argumento de que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal.

Aunque desde 2014 el Inai ha denunciado en más de 10 ocasiones al SAT ante la Secretaría de la Función Pública por su negativa a entregar la información que se le ha ordenado, el organismo nunca ha recibido una sanción por desacato.

En entrevista concedida a este diario en septiembre de 2018, Patricia Kurczyn, comisionada del Inai, indicó que el SAT no sólo se ampara para evitar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, sino que además avisa a las empresas beneficiarias de las condonaciones para que también presenten amparos contra los requerimientos de información.

En una charla realizada en febrero de este año, Iván Benhumea, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar, coincidió en que las personas morales beneficiarias reciben los avisos del órgano de Hacienda para garantizar la opacidad de los datos sobre condonaciones de impuestos y créditos fiscales.