Washington. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional sopesaron arrestar a miles de familias migrantes con órdenes de deportación definitivas y expulsarlas de Estados Unidos, pero la idea fue descartada, mientras el gobierno del presidente Donald Trump pasa apuros para gestionar la creciente llegada de indocumentados centroamericanos.

Dos funcionarios de Seguridad Nacional y otras dos personas familiarizadas con la propuesta hablaron sobre la medida con la agencia Ap, pero pidieron mantener el anonimato.

La idea era arrestar a miles de familias en 10 ciudades con grandes poblaciones de migrantes en situación irregular como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

La propuesta, reportada en primer lugar por el Washington Post, buscaba enviar un mensaje de disuación.

Sin embargo, Ron Vitiello, entonces director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y Kirstjen Nielsen, quien era secretaria de Seguridad Nacional, detuvieron la medida debido a preocupaciones de que desviara recursos de la frontera, que no hubiera suficiente espacio para detenciones y se desatara una nueva ola de indignación por el trato a las familias.

Trump aseguró ayer que no había escuchado nada acerca de la propuesta.

El número de cruces fronterizos se incrementó drásticamente en los últimos meses a más de 100 mil al mes. Más de la mitad son familias que pueden ser deportadas fácilmente a sus países de origen. Las autoridades fronterizas dicen no tener recursos ni personal para controlar la situación.

Trump criticó el aumento del flujo migratorio y está furioso por no haber podido controlar las llegadas, pese a que una de sus promesas de campaña era reducir la inmigración. La Casa Blanca pidió recientemente al Congreso 4 mil 500 millones de dólares en financiamiento extra, en su mayoría para ayuda humanitaria y espacio para albergar a menores migrantes.

El plan, que sigue bajo estudio, incluía procesos migratorios acelerados para permitir que los jueces ordenaran la deportación de quienes no se presentaran a las vistas. Además, daba prioridad a los casos más recientes para acelerar las deportaciones.

La ejecución de órdenes judiciales para sacar a casi un millón de indocumentados de Estados Unidos sigue siendo prioridad, explicó un alto funcionario del gobierno de Trump.