La nueva comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, Josefina Bravo Rangel, empezó una limpia de colaboradores en esa oficina, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Los trabajadores con servicio civil de carrera denunciaron que la funcionaria ordenó el despido de 12 de los 20 integrantes de la plantilla de dicha comisión, con el argumento de que no cumplen con el perfil.

Se trata, explicaron en una carta que entregaron ayer, de un argumento que contrasta con la evaluación a los colaboradores de la comisión que oportunamente acreditaron contar con las características y aptitudes necesarias y que fueron legalmente determinados aptos y acordes a los perfiles prestablecidos.

Incluso, contaron que los perfiles de los actuales funcionarios fueron realizados por ella misma desde 2013, cuando colaboró como asesora en esa instancia de diálogo y de atención a los pueblos y comunidades indígenas.

No obstante, agregaron que la existencia de un perfil adecuado para un cargo no puede ser determinado por la apreciación subjetiva de la funcionaria.

Lo correcto es que la elección de una persona adecuada sólo puede ser resultado del proceso que señala para el efecto de la ley en la materia.

Los inconformes también enunciaron que Bravo Rangel amenazó a los trabajadores que si no presentan su renuncia serían despedidos sin derecho a indemnización.

Es claro que de concretarse las resoluciones de la comisionada se generarían responsabilidades legales administrativas para ella, así como económicas para la Secretaría de Gobernación. Sobre todo, una grave afectación a la función pública de las tareas que las políticas públicas y la ley le tienen encomendadas a la comisión.