La calificadora de valores internacional Moody’s afirmó que la decisión de levantar una nueva refinería por el gobierno mexicano será costosa dada su falta de experiencia en la construcción de esa ­infraestructura.

Advirtió que las consecuencias para el perfil crediticio de México dependerán en parte de si esto sigue minando la confianza del mercado, amortiguando la inversión ya deprimida y pesando sobre las perspectivas económicas de México.

La firma financiera aseveró que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, podría terminar con un costo que oscilaría entre 10 mil y 12 mil millones de dólares y que llevaría a presiones sobre los recursos fiscales.

Recordó que el 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inesperadamente anunció la finalización de las licitaciones privadas para la refinería insignia de su administración.

En cambio, el gobierno planea construir la refinería a partir del 2 de junio y terminarla en mayo de 2022. El proyecto será administrado conjuntamente por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía.

En opinión de Moody’s, dada la falta de experiencia del gobierno (y de Pemex) en la construcción de refinerías, el proyecto es probable que termine costando más y tomando más tiempo de lo que el gobierno anticipa, colocando más presiones sobre los recursos fiscales.

Aunque algunos observadores vieron el anuncio como un medio de retrasar y finalmente dejar de lado el proyecto de la refinería, ello plantea más preocupaciones sobre la previsibilidad de las decisiones políticas del gobierno, en particular después de la cancelación del proyecto del aeropuerto en octubre pasado, y sobre las consecuencias para los inversionistas en confianza, asequibilidad de la deuda y ­crecimiento.

El Presidente afirma que las licitaciones privadas para el proyecto de refinería fueron demasiado costosas y que los plazos propuestos eran demasiado largos. Las ofertas llegaron a oscilar entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, o 0.8 por ciento y 1.0 por ciento del PIB, pero el gobierno insistió en que el proyecto debería costar 8 mil millones de dólares , o 0.7 por ciento del PIB. El gobierno también reafirmó en que el proyecto no debería tomar más de tres años para ser concluido.

Las estimaciones de Moody’s asumen que el proyecto podría terminar costando entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, monto sugerido por las ofertas dado el limitado conocimiento del gobierno en la construcción de refinerías.

Con el tiempo, esto llevará a un mayor drenaje de los recursos fiscales, dado que Pemex ya está con necesidad de apoyo soberano para estabilizar sus finanzas.

Recordó que la última vez que Pemex construyó una refinería fue hace poco más de 40 años a fines de la década de 1970, con tecnologías y procesos muy diferentes.

Indicó que las refinerías existentes no han seguido el ritmo de las mejoras necesarias y el uso de su capacidad es menos de 50 por ciento. Si no se invierte adecuadamente en mantenimiento, surgen dudas en cuanto al compromiso de Pemex y la capacidad para construir la refinería, un escenario alternativo en el que el proyecto no se completa debido a su complejidad técnica.

Este resultado debilitaría aún más las percepciones sobre la calidad de las políticas bajo la actual administración.

Consideró que los desafíos son similares a los de la brasileña Petrobras, que comenzó la edificación de la nueva refinería RNEST con dos unidades planeadas. Se detuvo la construcción de la segunda unidad en el cuarto trimestre de 2014 y la compañía ha registrado cargos acumulativos por desvalorización de 4 mil 800 millones de dólares hasta el 31 de diciembre 2018 y la segunda unidad quedó inconclusa.

El último anuncio refuerza las preocupaciones sobre los conflictos que se hacen cada vez más evidentes en el presidente López Obrador. El compromiso de su gobierno de mantener la responsabilidad fiscal aparece cada vez más en tensión con sus ambiciosos cambios sociales y el programa de gasto en infraestructura, incluido, en este caso, como resultado de las consecuencias fiscales de su decisión de revertir las políticas de reforma energética de la administración anterior y reorientan la estrategia de Pemex, por ejemplo, profundizando el negocio de la refinería.