Derivado de un análisis de 204 recomendaciones emitidas entre 2007 y 2018 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se documentaron violaciones a las garantías fundamentales cometidas por elementos de las fuerzas armadas, se confirmó que 920 personas han sido víctimas de tortura, ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada, delitos de los que serían responsables al menos 61 militares.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) analizó dichas recomendaciones y otras fuentes, y gracias a ello pudo encontrar los nombres de esos elementos castrenses y los batallones a los que pertenecen.

El director de la organización civil, José Antonio Guevera, envió un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que detalló quiénes serían los militares presuntamente involucrados, a fin de que el mandatario los separe del cargo y ordene las investigaciones correspondientes.

Se trata de un listado no exhaustivo, debido al limitado acceso a la información que permita a la ciudadanía reconstruir la cadena de mando para conocer quiénes fueron todos los funcionarios involucrados en los hechos violatorios de derechos humanos, sostuvo el director de la Cmdpdh.

Los 61 elementos señalados pertenecen a los batallones de infantería 12, 37, 46 y 51; al batallón de fuerzas especiales 6; al regimiento de caballería motorizada 20, y al batallón de fusileros paracaidistas 2, entre otros.

En el documento, entregado el 15 de marzo pasado, confío en que en el ánimo de cumplir con el principio de transparencia y rendición de cuentas, que les ha caracterizado en estos primeros días de gobierno, tanto el mandatario federal como los mandos militares den a conocer a la opinión pública la información completa de los responsables de los abusos cometidos por las fuerzas armadas en los pasados dos sexenios.

Estamos seguros que usted, al contar con el mando y control efectivo de las fuerzas armadas, adoptará todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para que las conductas delictivas mencionadas sean hechas del conocimiento de las autoridades competentes a efectos de su investigación y posible enjuiciamiento, no sólo de los efectivos de menor jerarquía, sino de todos aquellos superiores jerárquicos, se pidió al Presidente.