Prevalece la incertidumbre entre la iniciativa privada para invertir en el país, por lo menos a febrero pasado. Además, preocupa que el gobierno federal utilice recursos para el sector energético, ya que eso, en anteriormente, ha provocado una reducción de la calificación crediticia del país, expresó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

En su reporte semanal, indicó que luego de que en enero anterior la inversión repuntó de manera sorpresiva, en febrero se ubicó en terreno negativo, al reportar una disminución mensual de 2.5 por ciento, lo cual significó una caída de 2 por ciento en comparación con el mes pasado.

Esto propició mayor preocupación sobre el entorno en el país para incentivar la inversión. Cabe mencionar que la consultora AT Kearney señaló en su edición 2019, sobre el Índice de Confianza del Inversión Extranjera Directa, que México cayó ocho posiciones para ubicarse en el lugar 25, destacó.

Aunado a ello, el Ceesp recalcó que entre los inversionistas prevalece la preocupación porque el gobierno intervenga significativamente en sectores estratégicos, como la extracción y refinación de petróleo y generación de energía eléctrica, lo cual podría detener el avance de la reforma, pues en el pasado decisiones de ese tipo han ocasionado que las calificadoras bajaran su expectativa crediticia al país, lo cual pone en riesgo la calificación soberana.

El factor de la licitación

Sin duda esa percepción se puede agravar ahora que el gobierno decidió declarar desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, dejando la responsabilidad de ello a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, sobre todo cuando se prevé un entorno de recursos públicos limitados, explicó.

Agregó: Más allá de las dudas sobre la rentabilidad del proyecto, es preocupante que se prescinda de un supervisor general experto en la materia, que pueda coordinar adecuadamente los diversos trabajos de la construcción de la refinería.

Consideró que en la medida en que las inversiones pública y privada no puedan contribuir a elevar el ritmo de crecimiento de la economía, se podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, ya que en un entorno de bajo desarrollo y desaceleración, las fuentes de recursos del sector público se verían más limitadas, y ello podría complicar las metas fiscales trazadas.