Las integrantes de los consejos Social y Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) denunciaron un retraso en la erogación de 86 millones de pesos del Programa Proequidad, que apoya a grupos de la sociedad civil que defienden los derechos de género.

Este atraso pone en serio riesgo la existencia del programa y modificarlo provocaría que el instituto incurriera en la ilegalidad, aseguraron 32 activistas que forman parte de estos consejos. Argumentaron que Proequidad fue creado hace 20 años para fortalecer a las organizaciones que trabajan por reducir las brechas de desigualdad en todos los ámbitos.

En la Junta de Gobierno de Inmujeres, el pasado 18 de febrero de 2019, se votó en favor de ejercer el recurso total aprobado para este programa, mismo que se incluye dentro del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.

Ante la dilación de los fondos, se solicitó la conformación de una mesa de trabajo con autoridades de Inmujeres y la Secretaría de Gobernación. En la primera, el 7 de mayo, se argumentó que se frenaron los recursos al considerarse a las Organizaciones de la Sociedad Civil como intermediarias, lo que contraviene el objeto de creación y operación de Proequidad.

En defensa del programa se dijo que este responde a leyes y acuerdos internacionales.