La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desacató una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenó realizar una reunión pública y asegurar la participación de la comunidad de Bacanuchi, Sonora, ante la construcción de una presa de jales en la minera Buenavista del Cobre, donde en 2014 ocurrió el mayor derrame de residuos peligrosos en la historia, señalaron representantes de comités de cuenca del río Sonora.

Tras el derrame en el río Sonora de la filial de Grupo México, la población se percató de que éste construía sin consulta previa otra presa de residuos tóxicos a 27 kilómetros de Bacanuchi, por lo que se amparó ante la SCJN. Ésta solicitó por primera vez que una comunidad no indígena fuera consultada ante la creación de megaproyectos aledaños a sus tierras e instruyó a la Semarnat a realizar una reunión pública de información para resarcir este daño.

Así, la dependencia convocó para el próximo martes a la sesión pública en la que se informará sobre el permiso otorgado para la construcción y es la primera que realizará la actual administración. Aunque de acuerdo con la convocatoria emitida, las autoridades y Grupo México sólo ofrecerán datos sobre el permiso que otorgó la dependencia y los quejosos sólo podrán manifestar sus posibles sugerencias, señaló el Grupo Poder, que asesora a las comunidades.

Ante ello, habitantes de Bacanuchi prevén presentar una promoción al juzgado noveno de distrito en Agua Prieta, Sonora, para demandar la ilegalidad de la reunión convocada por la delegación estatal de Semarnat por las condiciones en que se presenta en la notificación y para pedir que se conceda una ampliación razonable del plazo para el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora advirtieron que la delegación en Sonora de la Semarnat envió el 6 de mayo a 42 quejosos de las comunidades la notificación para la realización de la reunión, por lo que no toda la población podrá intervenir.

Señalaron que hay inconsistencias, como que se convoca a la comunidad a informarse sobre la autorización ya dada del proyecto y no sobre el proyecto en sí mismo; limita la participación de la población y obliga a los asistentes a que den posibles sugerencias en ese momento y no se dice qué pasará después de la reunión, es decir, si la autoridad tomará en cuenta lo que la comunidad determine.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Grupo Poder, señaló que se esperaba la participación activa, libre, informada y efectiva para la comunidad en el primer ejercicio de este tipo organizado por la Semarnat en el sexenio.