La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) relanzó parte de la oferta para la venta del TP01, José María Morelos y Pavón, el avión presidencial que el gobierno mexicano llevó al mercado internacional, al tiempo que dio a conocer que la valuación de la aeronave costará alrededor 180 mil 550 pesos.

Una primera propuesta se hizo el pasado 27 de marzo y se dio de plazo el 22 de abril para responder tanto en el tema de posibles compradores como de una empresa que llevara a cabo el avalúo de la nave que uso Peña Nieto durante su mandato.

Hasta ahora, la Unops –que participa en este proceso a petición del gobierno mexicano– sólo da a conocer en su plataforma electrónica la adjudicación a la empresa que realizará la tasación de la aeronave, la cual costó a México más de 6 mil 547 millones de pesos. La empresa estadunidense Morten Beyer & Agnew cobrará 9 mil 259 dólares –alrededor de 180 mil 550 pesos con el tipo de cambio del 9 de marzo– por valuar el avión y por sus servicios a la administración federal.

Consultada por este diario, la oficina de la ONU comentó que “hay varios interesados en la compra, pero aún no hay fecha para dar por terminado el proceso, que desde diciembre lleva promocionando la nueva administración, ya que aún no hay precio de venta.

Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, indicó a finales de abril que había 14 interesados en adquirirlo, pero no hay información sobre dichas empresas o personas, pese a que toda la convocatoria del 27 de marzo salió con la clave RFQ/2019/9090.

Ahora, con un periodo que dio inicio el primero de mayo y se extiende hasta el 31, bajo la convocatoria con clave RFI/2019/9611, el gobierno mexicano busca vender 72 aeronaves, además del presidencial.

Se trabaja para garantizar la austeridad en el ejercicio de la función pública. Atendiendo a los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos, el Presidente de la República anunció la enajenación del llamado avión presidencial (TP01, José María Morelos y Pavón) e instruyó a identificar todas aquellas aeronaves que cumplían con dos criterios básicos.

Explica que se buscaron las que por sus características no estaban en servicio y generaban gastos derivados del recibo, mantenimiento y operación.

Después de llevar a cabo un proceso que incluyó un diagnóstico completo de los 263 (148 aviones y 115 helicópteros) de la administración pública federal, se identificó que 72 son susceptibles de enajenación, lo que representa más de una cuarta parte de la flotilla.