Viernes 10 de mayo de 2019, p. 29
Colima, Col., El Congreso local citó a comparecer al gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez para que explique el destino de un crédito de 410 millones de pesos, de los cuales 200 millones se utilizarían para adquirir un terreno donde se ubicaban instalaciones militares y que el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales entregó a título gratuito al gobierno de Colima, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.
En la sesión legislativa ordinaria del miércoles 8 de mayo, Vladimir Parra Barragán y Julio Anguiano Urbina, diputados de Morena, presentaron un punto de acuerdo en el que citaron a comparecer al mandatario estatal para que informe con detalle al Congreso de Colima todo lo relativo al financiamiento específico de 200 millones de pesos para la adquisición del terreno que era de la Vigésima Zona Militar, con sede en la capital estatal, el cual fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional al gobierno del estado.
El acuerdo estiopula que el gobernador debe dar a conocer detalles sobre la adquisición del crédito, la forma y términos en que se ha ido amortizando, así como el destino real que se han dado a esos recursos públicos, que fueron autorizados mediante el decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el periódico oficial El Estado de Colima.
Además, el acuerdo incluye un exhorto para que Indira Isabel García Pérez, presidenta del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, inicie de inmediato una revisión de la gestión financiera del Poder Ejecutivo del estado sobre el préstamo.
En el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre de 2018 se publicó un acuerdo por el cual “se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la donación ad corpus a favor del gobierno del estado de Colima el inmueble denominado Campo Militar 20 A Manuel Álvarez”.
La publicación explica que el terreno fue donado a fin de utilizarlo en servicios públicos locales o asistencia social de la población y para fines educativos; para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras, o para promover acciones de interés general de beneficio colectivo
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