La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que continúa abierta la carpeta de investigación sobre la tala de 54 árboles empleados de la empresa Fibra Uno, encargada del proyecto inmobiliario Mítikah.

Con el retiro de dichas especies arbóreas de la calle Real de Mayorazgo, del pueblo de Xoco, en Benito Juárez, se incurrió en el delito contra el ambiente, por lo que no es un asunto de que alguien haya declarado que no hubo dolo.

La determinación de la dependencia es apelar del auto de no vinculación a proceso que determinó el juez de la causa respecto de los nueve hombres detenidos la semana pasada, quienes, reconoció, no estaban talando, sino levantando las ramas hacia los vehículos.

La responsable de esta acción, sin embargo, es la empresa, por lo que seguimos con la investigación, porque es un asunto que trae muchos documentos, varias fases y estamos trabajando en ello, pues se trata de una investigación completa, afirmó.

El miércoles, la empresa informó mediante un comunicado que cuenta con los permisos para continuar con las obras de la fase 2 del complejo, que considera la construcción de un deprimido y un programa de mitigación.

Vecinos denunciaron que la tala de árboles los días 2, 3 y 4 de mayo se realizó con el único fin de construir una plazoleta tipo vestíbulo de acceso, que complementaría el espacio comercial del complejo, sólo como atractivo visual y generar más plusvalía.

Mientras, el paso a desnivel que pretendía construir bajo dicha plazoleta además de ser frívola, por su objeto exclusivamente estético, no aportaría mayores beneficios para la circulación vehicular y contribuiría a incrementar la congestión vial.

La avenida México y la calle San Felipe son de un solo carril y están convertidas ya en un verdadero cuello de botella, y con ese paso la empresa encargada del proyecto pretendía ampliar la calle Real de Mayorazgo, Puente de Xoco y Mayorazgo La Higuera con el derribo de la barda perimetral del Centro Bancomer.

Por ello, exigieron a la PGJ investigar a fondo a los actores intelectuales de estas talas clandestinas y se les sancione penalmente.

Por separado, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial amplió y ratificó la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana para que se proceda en contra de la o las empresas responsables de ordenar la tala de árboles sin contar con el permiso correspondiente, y no sólo en contra de los trabajadores.

De resultar responsables, de acuerdo con el artículo 345 bis del Código Penal local, las sanciones pueden ser hasta de 2 mil veces el ingreso neto diario de la persona moral al momento de cometer el ilícito, y suspensión, disolución o la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones.