punto de cumplirse cinco meses de la puesta en marcha del plan urgente de combate al robo de combustible (léase huachicoleo), las cifras oficiales indican una caída de 95 por ciento en el fruto de esta actividad ilícita, y ya es tendencia (AMLO dixit), de tal suerte que de 80 mil barriles que se robaban al iniciar la presente administración al cierre de abril pasado tal volumen se desplomó a 4 mil.

El 27 de diciembre de 2018 el presidente López Obrador anunció la entrada en vigor del citado plan urgente, en el entendido de que para esas fechas las pérdidas para Petróleos Mexicanos –es decir, para el erario– superaban los 60 mil millones de pesos, el doble de las registradas en 2017, cuando el entonces inquilino de Los Pinos, enrique Peña Nieto, puso en marcha su plan integral contra el robo de gasolina.

Este último resultó ser el número tres en igual número de administraciones, pues en la correspondiente a Vicente Fox se echó a caminar -eso dijeron- el primer plan integral contra el huachicoleo, con resultados desastrosos, pues de alrededor de 70 tomas clandestinas en 2003 el número creció a 204 al cierre sexenal, es decir, un aumento cercano a 200 por ciento con todo y plan integral.

Lo mismo sucedió con Felipe Calderón, quien comenzó su administración (y su plan integral) con esas 204 tomas clandestinas para concluirla en mil 744 (las cifras son de Pemex), o lo que es lo mismo un aumento de 755 por ciento en el sexenio.

Y llegó el tercer plan integral de combate, con Peña Nieto, con quien el número de tomas clandestinas se elevó de mil 744 heredadas por el tal Jelipe a cerca de 15 mil al cierre de su gobierno, un aumento de 760 por ciento en el sexenio.

Peña Nieto puso en marcha su plan solo a raíz del enfrentamiento (4 de mayo de 2017, en Quecholac, Puebla) entre militares y huachicoleros, en el que murieron 10 personas, de las que cuatro pertenecían al Ejército Mexicano.

Pero los tres planes integrales resultaron un desastre, con el incremento exponencial de las tomas clandestinas y el agravante de que ninguno de los integrantes de esa nefasta tercia de inquilinos de Los Pinos reveló que el grueso del robo de combustible se daba en las propias instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Ante tal panorama, el 27 de diciembre de 2018 el presidente López Obrador puso en marcha su plan urgente de combate al robo de combustible”, subrayando que esta acción delictiva se ha venido realizando por personal de la empresa del Estado (Pemex), y existe la hipótesis que de todo el robo de combustible, sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos; ésta es una especie de pantalla, pues el resto opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución; por lo pronto no hay elementos para imputar a directivos de Petróleos Mexicano, pero de que sabían, sabían.

En aquella ocasión el flamante director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, detalló que en 2016 el robo de combustible representó pérdidas para el erario por 30 mil millones de pesos; para 2017 (con el plan integral de Peña Nieto) se elevaron a 59 mil millones y en 2018 la cifra se elevó a 66 mil 300 millones.

Pero todo indica que el cuarto plan, el de López Obrador, sí va en serio, porque de acuerdo con las cifras gubernamentales en los primeros cuatros meses de ejecución de la estrategia contra el robo de combustibles se ha registrado una disminución de 95 por ciento a escala nacional: de 800 mil barriles diarios que se robaban en noviembre, la cifra pasó a 4 mil, informó ayer López Obrador (La Jornada, Alma E. Muñozy Alonso Urrutia) durante su gira por Hidalgo, entidad que en 2018 ocupó la primera posición en lo que a tomas clandestinas se refiere.

Las rebanadas del pastel

El IMSS tiene en la mira a esas privilegiadas empresas privadas disfrazadas de partidos políticos, porque el pago de las cuotas obrero-patronales que les corresponden brilla por su ausencia. Hasta ahora, seis de ellos se consideran omisos en sus obligaciones.

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