n grupo de ex obreros, periodistas, activistas sociales, diversos profesionales y otros ciudadanos dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le piden que haga pública la reivindicación de los trabajadores de la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, clausurada hace 33 años. Su cierre fue atribuido a los obreros que en ella laboraban.
Cierta prensa, que ya se alineaba a los dictados del capital metropolitano y sus socios nacionales para echar abajo lo que quedaba del llamado Estado de bienestar, los mostraba como ociosos, irresponsables y entregados al vicio. Ellos, que eran ejemplo de disciplina, organización y defensa de los derechos de los trabajadores resultaban los causantes de que la otrora primer siderúrgica de América Latina cerrara sus puertas.
Se trató, como en otros casos, de una maniobra perversa para lanzar lodo a los trabajadores y justificar así uno de los primeros grandes pasos en la conformación del Estado neoliberal. El argumento fue que los trabajadores estaban a punto de hacer quebrar a la fundidora y, en fin, que ésta sólo acumulaba pérdidas. Argumento falaz, pues las mayores empresas estatales (entre ellas la propia fundidora, la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Luz y Fuerza del Centro, Pemex) han operado con números negros, o debían operar con ellos, si el sector público del Estado no les quitara los montos de inversión programados o bien espacios para entregárselos a empresas privadas.
A los obreros de Fundidora se los condenó –con el desprestigio de la propaganda que les endilgaron, los patrones de Monterrey se ahorraron la práctica extendida de las listas negras– a no hallar trabajo. Por todo ello, su reivindicación moral incumbe al Presidente de la República, así como la demanda de continuar con los trabajos para sacar los cuerpos de los mineros atrapados por el derrumbe en Pasta de Conchos y por la irresponsabilidad e incuria de los dueños del Grupo México.
Esas demandas se dirigen al Presidente, no en forma de reclamo, sino como una petición motivada por un legítimo deseo de justicia.
El reclamo fue para los presidentes anteriores. Reclamo al que, por supuesto, no acompañó el segmento ultra de la derecha mexicana que quisiera verse calzada en los zapatos de aquellos venezolanos animados por un golpismo donde cobran registros imperialistas las voces de un Mike Pompeo, secretario de Estado, o un John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Éstos ofrecen la opción de la intervención militar y Juan Guaidó, un individuo que no alcanzado siquiera la condición de espurio, señala que la considerará, como si la fuerza que encabeza no fuera una vía que, bien con España, bien con Estados Unidos, él estuviese buscando.
Para la izquierda mexicana no es momento de dudar si el gobierno de López Obrador la representa o no. Si con todas las concesiones que ha hecho al capital y sus medidas y política –explícitamente no socialistas–, la derecha ultramontana y algunos ciudadanos cuyo aprendizaje político es de oídas o se reduce a un catecismo como el que mostró en sus pancartas y tiene por summus artifex al valedor Vicente Fox, ya pide su renuncia, ingenuo sería pensar que la mano internacional que mece la cuna no los inspira o, sin demasiado margen para sospecharlo, está detrás de ellos.
Y no es para abandonar nuestras posiciones políticas ni que pongamos a hibernar nuestro bagaje teórico, sino hacernos la eterna pero inevitable pregunta de qué hacer. Y qué hacer no en el vacío, sino ante lo que ha pasado en esos países latinoamericanos donde, por lo demás, ninguna izquierda socialista llegó al poder y aquella que pudo llegar fue doblegada aun por la derecha más intolerante y antidemocrática. Venezuela está entre sus planes.
Sin llegar al autochantaje, no creo que nos quede sino lo que siempre la izquierda ha querido hacer y que de repente se queda a medio camino: organizarse, aceptar que ninguna fracción es el todo y llegar a establecer puentes, puntos de intersección entre unos y otros grupos, discutir respetando las reglas del debate y generar un mínimo perímetro de autogestión democrática en su órgano colectivo de decisión: la asamblea.
Estamos en un tiempo de canallas con la mayor capacidad de maniobra y con el mayor poder de fuego en el mundo. Por medio de informaciones interesadas, como lo ha hecho CNN, empieza a introducir, como si se tratara de una clasificación sobre el respeto a los derechos humanos, la idea de que es necesario saber quién es quién en materia de destrucción bélica. Un poco para que el país agredido por la potencia del norte se sienta derrotado ante sus amenazas, y sin contar que una intervención militar de Washington en Venezuela puede dar lugar a una conflagración de vastas dimensiones internacionales.
La izquierda y la derecha que, como se ve, sí existen y son diferentes, requieren ser evaluadas de manera diferenciada, según el contexto y el momento.
