n recientes fechas México fue sometido al examen del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT). Los resultados fueron de nueva cuenta contundentes: la tortura es un problema endémico y se aplica de manera generalizada en nuestro país.

Un diagnóstico parecido en los primeros meses del año 2015 emitió el entonces Relator de la ONU para el tema de tortura, doctor Juan Méndez y ameritó una de las respuestas más reprobable de la administración de Enrique Peña Nieto, que lo descalificó profesional e incluso personalmente. Esta actitud en contra del entonces relator, se convirtió en una política exterior frente a la agenda de los derechos humanos.

Fuertes episodios que no tienen justificación, sino que además no son propios de regímenes democráticos sucedieron durante el gobierno anterior. Basta recordar la salida del Grupo de Expertos para el caso Ayotzinapa (GIEI), quienes prácticamente fueron corridos del país luego de desenmascarar la investigación del gobierno federal y ubicar los hechos en un contexto de macrocriminalidad.

Otro episodio parecido ocurrió con la descalificación que la cancillería hizo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de su visita de país a finales de 2015. Los tildaron de parcialidad. Algo similar sucedió con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que concluyó que el país vive un contexto de desapariciones generalizadas. De nueva cuenta el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se volcó a descalificar las observaciones finales del comité, denostando al órgano y a los expertos que lo conforman.

Con independencia de los ejemplos concretos, pues podríamos agregar otros tantos, los distintos cancilleres del gobierno peñista instrumentaron una política exterior en materia de derechos humanos basada en dos estrategias: por un lado, la animadversión y confrontación hacia los organismos internacionales, y por otra renunciaron a la tradición de postular personas a título de expertas independientes para ocupar cargos en organismos internacionales. La política del gobierno de Enrique Peña se dedicó a postular personas que no eran expertos, sino funcionarios de su administración y que por tanto no actúan a título independiente, como si representaran los intereses del gobierno en turno.

Basta recordar el retiro de la candidatura del destacado catedrático Miguel Sarre Iguiniz para ocupar un espacio en el CAT, sustituyendo su nombre por el de Claude Heller, embajador en retiro de la SRE y de ninguna manera experto en la materia. Igualmente, la designación de Joel Hernández para ser comisionado de la CIDH, encargo que actualmente ocupa a pesar de ser embajador de carrera en la SRE.

Como se puede observar, la anterior administración federal denostó el valor democrático de los mecanismos internacionales, confrontándolos, pero también pretendiendo poner en juego su independencia e imparcialidad sumando funcionarios afines al gobierno y no expertos independientes del mismo.

Ante este escenario, el gobierno actual tiene una gran oportunidad en sus manos. Una política exterior en materia de derechos humanos con clave democrática debería presuponer la apertura al escrutinio internacional, pero sobre todo entender el poder transformador que suman los diagnósticos y propuestas de cambio elaboradas por los mecanismos internacionales.

Hasta ahora han existido luces y sombras del actual gobierno. Es de destacar el gran impulso al papel de la CIDH y de la ONU en el caso Ayotzinapa, en el que se han brindado amplias facilidades para su nueva vinculación en la búsqueda de verdad. La visita de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, igual podría ser un signo de voluntad política, pues se da a pocos meses de iniciada la administración y pone sobre relieve agendas importantes en materia de derechos humanos como la guardia nacional, la adecuada implementación de contextos jurídicos en graves violaciones a derechos humanos, el propio caso de Ayotzinapa, entre otros.

El mismo discurso que presentó la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, ante el CAT en recientes fechas es un buen signo político, pues reconoce la gravedad de la realidad en materia de tortura. Sin embargo, la actitud de la cancillería frente al amparo interpuesto por familiares en búsqueda María Herrera para obligar a que se reconozca la competencia para conocer casos individuales por parte del Comité contra la Desaparición de la ONU no ha sido la adecuada. El juez de amparo dio la razón a Doña María Herrera y ordenó el reconocimiento de la competencia, sin embargo, la interpretación juridicista de la SRE los llevó a pelear judicialmente esa resolución, cuando en perspectiva democrática lo lógico era cumplir con la sentencia.

Contar con una política exterior de apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos es fundamental para el país. La profundización en la asistencia técnica internacional es clave frente a la debilidad institucional que heredó este gobierno. La cooperación internacional sin duda alguna ayudaría para paliar problemas estructurales como la impunidad, la corrupción y la ausencia de estado democrático de derecho.

* Rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla