Solicita indemnizar a deudos
Exhorta a canalizar más recursos al sistema penitenciario del estado
Jueves 9 de mayo de 2019, p. 27
Toluca, Méx., La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la recomendación 4/2019 a la secretaria de Seguridad mexiquense, Maribel Cervantes; al subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, y al director general de Prevención y Reinserción Social de la entidad, Jaime Echartea Mojica, por la muerte de dos internos en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec.
De acuerdo con la recomendación, enviada la noche del martes, las autoridades violaron el derecho de los internos a una estancia digna y segura, pues en el penal de Chiconautla existen graves problemas de hacinamiento, inseguridad e ingobernabilidad.
El ombudsman pidió a las autoridades estatales una compensación económica para los familiares de las víctimas, atención médica, sicológica y tanatológica, así como procurarles la máxima protección, trato digno y no revictimización.
Asimismo, demandó destinar más recursos humanos al sistema penitenciario, pues el número de custodios en Chiconautla, como en otras cárceles mexiquenses, es insuficiente para atender a la población penitenciaria.
El Estado tiene la obligación de garantizar a los reclusos condiciones mínimas de dignidad y no causarles aflicciones adicionales a la privación de la libertad
, afirma la recomendación.
Uno de los casos que originaron esta recomendación fue la muerte de un interno el pasado 13 de abril. El reo desapareció en el penal y 24 horas después se encontró su cadáver. El 6 de mayo se reportó la muerte de otro interno, presuntamente por una sobredosis de estupefacientes, pero los familiares aseguran que pereció por tortura a la que fue sometido en el penal.
La comisión dio un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la aceptación de la recomendación, para documentar que se están tomando medidas para compensar a los familiares de las víctimas, y para enviar copias de la resolución de ambos casos a la Fiscalía General de Justicia estatal y a los órganos internos de control.