Este martes y mañana miércoles integrantes de la sociedad civil y organismos privados interpondrán una serie de amparos en Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y la Ciudad de México, entre otras ciudades, contra la decisión del gobierno federal de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

De acuerdo con fuentes consultadas, se promoverán alrededor de 200 demandas para que los jueces revisen la legalidad de dicha determinación y si viola o no los derechos fundamentales de la Constitución.

Dijeron que invitaron a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para que sus integrantes también interpongan las demandas. “Se está pidiendo que el ejercicio se haga en lo indivi-dual para tener legitimación. Tienen que ser personas que acrediten que han usado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “La petición se hizo abierta y se buscó a algunos integrantes de la Coparmex. No se está haciendo una firma por organizaciones, sino que cada quien en lo individual toma la determinación de promover el amparo.

No es un tema de abogados, sino de ciudadanos, obviamente habrá abogados que tramiten los amparos, pero son los ciudadanos los que presentarán las demandas para ver si a través del juicio de amparo se puede revisar la determinación que tomó el gobierno federal de cancelar la obra, porque el Presidente se equivocó y le causó un grave daño al país. La suspensión afectó de manera importante en lo económico y social, reveló un entrevistado.

A principios de enero el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méxi- co (GACM) anunció que las obras en el NAIM quedaron oficialmente suspendidas luego de que el presidente, en ese entonces electo, An- drés Manuel López Obrador convocara a una consulta meses atrás, y en la cual, ganó la opción de un aeropuerto civil en la base aérea militar de Santa Lucía, mantener el Benito Juárez y ampliar las operaciones en el de Toluca, y por tanto se recha- zó continuar con la construcción emprendida en el sexenio pasado.

En su momento la Barra Mexicana del Colegio de Abogados señaló que el resultado de la consulta nacional del NAIM no tenía respaldo jurídico para cancelar contratos de la obra celebrados entre el GACM y empresas.