Al hacer un balance de los primeros meses del actual gobierno, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sostuvo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público Federal estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia al servicio de los intereses del poder en el que se encubrieron delitos.

Esta situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios de éste, cuando la institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder, lo cual llevó al país a un grado de intolerancia, enfatizó.

Destacó que recibieron una institución con rezagos hasta de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación; 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas; con una anarquía en la estructura administrativa que utilizaba la flota aérea de forma irracional, compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar las necesidades y beneficios.

Durante la presentación del diagnóstico, Gertz Manero informó que no había un control de las denuncias o querellas interpuestas, ni en la integración de las mismas; incluso, había agentes del Ministerio Público que tenían hasta mil casos y otros agentes ninguno.

Al no tener un control sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones, llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año.

Carecían de un sistema efectivo con el que se pudiera comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial hasta llegar a tener 28 mil mandamientos ministeriales sin ejecutar. Para el caso de los servicios periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.

▲ El fiscal general Alejandro Gertz Manero dio a conocer que encontró una institución con irregularidades y un grave rezago.Foto Pablo Ramos

Se encontró que contaban con 4 mil elementos policiacos en activo, de los que 800 estaban destinados para servicios de protección a funcionarios, ex funcionarios y políticos.

En cuanto a la estructura administrativa, se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, no había ningún control del gasto corriente autorizado y un descontrol en el uso de la flota terrestre de 4 mil vehículos, entre ellos blindados para el uso de altos funcionarios.

“Se encontraron compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad ni su costo-beneficio, las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado.

Entre 2013 y 2015 se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas, mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas, indicó.

Por otra parte, la PGR adquirió en octubre de 2013 un avión Bombardier Challenger 605 Transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, cuando su precio real de comercialización era de 15.5 millones.