Guadalajara, Jal., A la falta de solución del gobierno federal y de los estatales de Jalisco y Nayarit para resolver el conflicto territorial –que data de 1953– entre wixaritari de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, en el norte de Jalisco, y ganaderos de Huajimic, Nayarit, se suma la ausencia de seguridad pública en la región indígena, lo que ha desplazado a líderes y autoridades tradicionales.

En este nuevo gobierno (de Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano) ya no tenemos base de la policía del estado ni en Tuxpan de Bolaños ni en Mesa del Tirador. Prácticamente nos dejaron a nuestra suerte, acusó Ubaldo Valdez Castañeda, representante agrario de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán.

Hace casi dos años, el 20 de mayo de 2017, los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, el primero uno de los líderes que encabezó el movimiento agrario para recuperar tierras en Huajimic, fueron asesinados en Tuxpan de Bolaños por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación a la vista de casi todo el pueblo. El doble crimen continúa sin castigo.

En febrero pasado, el director de seguridad pública de Mezquitic, municipio donde está la mayoría de las comunidades wixaritari, fue secuestrado cuando cargaba gasolina. Hasta la fecha no se sabe de él.

Las autoridades agrarias que nos representan son las más vulnerables. En la comunidad hay delincuentes. Por eso llamamos al gobierno del estado, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a otros organismos a que visibilicen lo que está pasando y nos protejan, agregó Valdez.

Aseguró que él mismo prefirió dejar su casa e internarse en el cerro para cuidarse del paso cotidiano de grupos armados por este amplio territorio, donde se cultiva y transporta amapola con total impunidad.

Los señalamientos del representante agrario fueron respaldados por autoridades tradicionales y agrarias que acudieron a Guadalajara para informar de este caso.

Carlos González García, abogado de la comunidad de San Sebastián, dijo que los wixaritari no han querido hacer valer las sentencias para recuperar 10 mil 700 hectáreas, con tal de evitar más violencia en la región, pues los gobiernos de ambos estados y el federal se han desentendido del conflicto.