Exxonmobil presenta demanda
Sábado 4 de mayo de 2019, p. 21
La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la ley estadunidense Helms-Burton, que se aplica en su totalidad desde el 2 de mayo, tiene la finalidad de asfixiar económicamente a la isla.
El propósito de la Ley Helms Burton es asfixiar e imposibilitar el desarrollo económico de Cuba, atacar a la soberanía de terceros países y destruir a la Revolución Cubana. La aplicación de la Helms-Burton no detendrá la marcha de los cubanos
, publicó en Twitter.
Esta legislación, aprobada en 1996 por el entonces presidente William Clinton (1993-2001), codificó el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962 y busca promover un cambio de régimen en la isla.
El título III de esta polémica ley, que permite a ciudadanos estadunidenses presentar demandas ante los tribunales de ese país por las propiedades nacionalizadas y confiscadas en Cuba en los años 60, se mantuvo suspendido durante 23 años y ningún mandatario estadunidense lo había puesto en vigor hasta ahora.
La Unión Europea, Canadá y otras naciones que mantienen importantes inversiones en la isla, expresaron su rechazo a esta ley, y en particular a la aplicación del título III, y advirtieron a Washington que recurrirán a los mecanismos legales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar su aplicación, calificada de extraterritorial.
En la víspera, medios de prensa de Miami confirmaron que dos empresarios iniciaron las dos primeras demandas en cortes por propiedades nacionalizadas en Cuba, contra la compañía de cruceros Carnival Cruise Lines.
La petrolera Exxon Mobil presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX, por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, meses después de la revolución encabezada por Fidel Castro.
El gigante petrolero estadunidense es la primera gran corporación en demandar a Cuba desde que el gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996, incrementando la presión sobre los gobiernos de La Habana y Caracas.