Trece años después de los actos de violencia y tortura sexual que padecieron de policías federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, las mujeres sobrevivientes de esos hechos tienen la herida fresca en la memoria y una forma de sanar ha sido ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellas, así como exigir que los responsables de esos actos no queden sin castigo.

En entrevista con La Jornada, Italia Méndez, Ana María Velasco, Cristina Sánchez y Yolanda Muñoz narraron cómo fue trastocada su vida por las agresiones cometidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, pero también dejaron clara su voluntad de seguir luchando para que se cumpla la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por este caso.

Aunque ya pasaron 13 años, a muchas de las mujeres que vivieron las agresiones en Atenco les sigue provocando angustia y miedo ver grupos de policías o militares. Otras más padecen depresión, continúan sufriendo los señalamientos de quienes las estigmatizan sin saber lo que vivieron o perdieron la sencilla alegría de ir a fiestas y bailar.

Pese a todo, dicen que valió la pena el arduo camino andado desde que denunciaron por primera vez ante las instancias judiciales del país, donde encontraron insensibilidad y revictimización, hasta el momento de acudir a la justicia interamericana, la cual dictó sentencia contra el Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018.

Llegar a la CIDH es un gran logro y un triunfo, porque en México no hay acceso a la justicia. Es el caminar de años, y lograr esto es sembrar un antecedente para que no haya una repetición (de las agresiones y la tortura sexual) con otras compañeras de lucha, dice Yolanda Muñoz, quien aún recuerda las voces de los policías que amenazaban con quemarla y matarla.

Aunque afirma que las mujeres sobrevivientes le han dado un voto de confianza al nuevo gobierno para que demuestre su voluntad de cumplir con la sentencia en todos sus términos, enfatiza que no se conformarán con actos simbólicos que no lleguen al fondo del problema. Queremos justicia, porque así otras personas pueden tener una garantía de que no les pase lo mismo.

Para Italia Méndez, la lucha emprendida por las sobrevivientes ha significado el triunfo de discutir y hacer visible el tema de la tortura sexual, pero también de enfatizar que mientras no se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando de esos delitos –incluido el Presidente de la República– este flagelo seguirá ocurriendo en México.

Una labor paralela a la de exigir justicia para sí mismas y superar las secuelas físicas y sicológicas de la tortura ha sido la de ayudar a otras víctimas de los mismos abusos.

Afrontar la vida ha sido una tarea muy complicada que ha implicado la construcción de redes de apoyo. Ahora nos dedicamos a hacer visible el tema de la tortura sexual y nos hemos convertido en defensoras. Trabajar con sobrevivientes de tortura quema la piel y el recuerdo, pero sabemos que nuestro camino es este, señala.

A su vez, las abogadas Stephanie Brewer y Sofía de Robina, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltaron la importancia de las medidas de no repetición que incluye la sentencia de la CIDH, entre ellas establecer un observatorio independiente que supervise la actuación de las policías y fortalecer al organismo encargado de investigar casos de tortura sexual.

Señalaron que si bien el tema de la supervisión externa no está contemplado para la Guardia Nacional, en la elaboración de las leyes secundarias se puede incluir este punto.