Miami. Las espinosas relaciones entre Washington y La Habana inauguraron un nuevo capítulo este jueves, cuando la empresa de cruceros Carnival se convirtió en la primera compañía demandada en tribunales de Estados Unidos por el uso de propiedades confiscadas en Cuba por la revolución de 1959, según la ley estadunidense Helms-Burton.

La demanda contra Carnival Cruise Lines, con sede en Florida, fue interpuesta en el primer minuto de este jueves en un tribunal federal de Miami, al quedar habilitada esa posibilidad.

Los demandantes son los cubanoestadunidenses Javier García Bengochea y Mickael Behn, herederos de los puertos de Santiago de Cuba y La Habana, respectivamente.

Ambos acusan a Carnival de utilizar sin su consentimiento estos puertos nacionalizados por el gobierno comunista y que fueron robados a sus familias.

La administración Trump abrió esta posibilidad al activar el 17 de abril el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996, que permite por primera vez presentar demandas en cortes estadunidenses contra las compañías extranjeras que hacen negocios con Cuba, utilizando propiedades incautadas tras la revolución cubana, y que había sido sistemáticamente suspendida desde entonces por los gobernantes estadunidenses para evitar fricciones con sus aliados con intereses económicos en la isla.

Carnival asegura que mantendrá las operaciones. Seguiremos ofreciendo nuestro calendario normal de cruceros a Cuba para nuestros visitantes, declaró a la agencia Afp su vocero, Roger Frizzell.

La Unión Europea (UE) advirtió que va a reaccionar ante la aplicación plena de la ley Helms-Burton.

La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es contraria al derecho internacional, por lo que tomará las medidas apropiadas, afirmó Federica Mogherini, jefa de la diplomacia del bloque.

Añadió que esos pasos podrían incluir llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio o recurrir a un estatuto de bloqueo que permite a las empresas de la UE demandadas en Estados Unidos recuperar los perjuicios en tribunales de Europa, y que el bloque buscará el apoyo de otros países.

Tanto empresas europeas como canadienses han invertido en los sectores del turismo, energía, construcción, industrias livianas y agrícolas en Cuba. En 2017, la UE invirtió unos 500 millones de dólares en la isla.

La embajadora de Cuba ante la UE, Norma Goicochea, espera que el bloque europeo adopte todas las medidas necesarias para proteger a sus inversionistas en la isla que se vean afectados.

Ana Teresita González, viceministra cubana de Relaciones Exteriores, afirmó desde La Habana que todas estas medidas están diseñadas para asfixiar al pueblo cubano.