El Gobierno de la Ciudad de México ofreció, por primera vez, una disculpa pública a los familiares de Lesvy Rivera Osorio, quien fue encontrada sin vida atada a una cabina telefónica, ubicada en Ciudad Universitaria, el 3 de mayo de 2017, por las deficiencias en la investigación realizada en la administración anterior, derivado de la recomendación 1/2018 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En una ceremonia solemne, en el auditorio de la Torre de Ingeniería, pues la familia pidió que fuera en la Universidad Nacional Autónoma de México, su madre Araceli Osorio aseguró que no fue suicidio, fue feminicidio perpetrado por Jorge Luis González, y sostuvo que la situación de violencia que viven muchas mujeres no es natural y menos inevitable.

Hoy, destacó la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, estamos frente a un crimen mal investigado, una carpeta mal integrada y un caso mal presentado ante los jueces, que estuvo a punto de quedar impune.

Desde el jefe de Gobierno, el procurador y decenas de funcionarios asumieron y defendieron como razón de Estado una verdad oficial insostenible al mínimo escrutinio público, que culpabilizó de nuevo a las mujeres de su violencia, incurriendo en responsabilidades administrativas y penales, afirmó.

En la dependencia, dijo, se tienen dos carpetas abiertas en la Fiscalía de Servidores Públicos y en la contraloría interna contra peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, quienes incurrieron en una mala práctica; y las pesquisas determinarán si alcanza a los ex procuradores.

Ante familiares de Lesvy, funcionarios, representantes del Congreso y de agrupaciones sociales, defensoras de derechos humanos y académicas, destacó que fue gracias a su madre y la lucha solidaria de miles de mujeres y organizaciones civiles que se logró reclasificar este crimen como feminicidio.

El actual gobierno de la ciudad ofrece una auténtica y sentida disculpa a la familia de la joven con el compromiso de la restitución de sus derechos, como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, señaló.

La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, explicó que la recomendación se emitió por la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio, la negligencia en la atención a sus familiares y la violación de los derechos al acceso a la justicia, integridad personal, a la intimidad y a la vida privada de la joven; y aún faltan 23 disculpas públicas de las autoridades capitalinas.

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se congratuló por esta disculpa pública, hecha no sólo por la recomendación emitida sino por el proceso de reparación del daño, reparación que es necesaria para reivindicar la memoria y vida de Lesvy.

Por su parte, María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, señaló que la violencia contra las mujeres es un hecho creciente. De 2012 a 2018 hubo 923 asesinatos de mujeres y sólo 36 por ciento se investigaron como feminicidio.

La PGJ convocó a un concurso para construir un memorial para recordar y honrar a las víctimas de feminicidio.