El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha consultado a las comunidades cercanas al aeropuerto militar de Santa Lucía sobre la conveniencia de convertirlo en terminal para vuelos comerciales, ya que –como admitió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano– sólo en el pueblo de Xaltocan se realizaron algunas asambleas, pero éstas no cumplen el requisito de ser previas, libres e informadas.

El director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara, subrayó que en las comunidades aledañas a Santa Lucía hay preocupación por las consecuencias ambientales del nuevo aeropuerto –sobre todo la posible falta de agua–, por lo cual sus habitantes se preparan para llevar adelante un proceso de resistencia pacífica contra el proyecto.

En entrevista con La Jornada, el abogado rechazó que la administración de López Obrador haya realizado una consulta apropiada en las comunidades que podrían verse afectadas por la ampliación del aeropuerto, que son 12 del municipio de Tecámac, cinco de Zumpango y tres de Nextlalpan.

De esa veintena de comunidades, sólo fue consultada Xaltocan, suponiendo sin conceder que el ejercicio se haya realizado en apego a los estándares internacionales. Aun suponiendo que se hizo bien, representaría apenas 5 por ciento de todas las consultas a los pueblos originarios que tendría que hacer el Estado mexicano, explicó Lara.

Entre todos los pueblos que resultarían afectados por el proyecto del nuevo gobierno, destacan los casos de San Lucas Xolox (municipio de Tecámac) y San Sebastián Atlatelco (Zumpango), ya que –según la manifestación de impacto ambiental enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional–, ambas tendrían que ceder una parte de su territorio al proyecto aeroportuario, pero ninguna de ellas ha sido informada ni consultada.

Respecto de la posible agudización del estrés hídrico en la zona (donde la cuenca Cuautitlán-Pachuca ya tiene una sobrexplotación de 800 por ciento, según datos oficiales), Lara advirtió que el gobierno tampoco ha explicado cómo garantizará el abastecimiento de agua, tanto para los pueblos como para la nueva terminal aérea, por lo que existe el temor de que ocurra un proceso de despojo de los pozos de las comunidades.

Frente a todo ello, los pueblos de la región están construyendo una resistencia civil y pacífica para garantizar el derecho humano al agua. El Presidente ha dicho que quienes se oponen a sus proyectos son conservadores y fifís, pero quienes plantean la inviabilidad de Santa Lucía son personas comunes y sencillas, que además en su mayoría votaron por López Obrador y hoy exigen ser respetadas y consultadas, apuntó.