León, Gto., Habrá violaciones a los derechos humanos, si el Congreso del Estado aprueba las iniciativas para que yonkes y casas de empeño tomen huellas dactilares y de iris a sus clientes, alertó el diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo, quien pidió al ombudsman estatal, Raúl Montero de Alba, que emita una postura sobre el tema.

Explicó que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley que Regula las Bases para el Establecimiento de las Casas de Empeño y la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compra-Venta de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, para que los dueños tengan dispositivos biométricos en sus negocios.

Precisó que las personas que quieran vender o empeñar un artículo tendrán que dar su consentimiento para que tomen sus huellas y registre su iris y además, la Fiscalía General del Estado (FGE) tendría acceso a esta base de datos.

Manifestó que además de generarse violaciones a los derechos humanos, también ve la gestación de un gran negocio con la venta del software y de los aparatos que registraran las huellas y el iris de los vendedores.

“¿Quién va a vender eso? Soy muy mal pensado. ¿Quién tendrá el control de los datos de los ciudadanos y quién garantizará el uso que se dará a la información que obtengan los dueños de yonkes y casas de empeño?”, cuestionó el legislador.

Agregó que el gobierno no puede obligar a un ciudadano a que registre la identidad de otro para que se pueda realizar un proceso de compra-venta o el empeño de un artículo, pues es muy delicado criminalizar a todos los ciudadanos que vendan o empeñen un artículo.

Márquez Albo dijo que las iniciativas del gobernador son analizadas en comisiones del Congreso y es el momento adecuado para que la Procuraduría de los Derechos Humanos se pronuncie, pues en febrero cuando se enviaron las iniciativas, el gobernador explicó que la información obtenida en los aparatos biométricos será transferida a la FGE.

La Fiscalía podrá hacer un cotejo de los datos biométricos con la base de datos criminológicos, para constatar la legal procedencia de los bienes que se comercializan en esos establecimientos, explicó.