Hay desabasto de plantas para el programa Sembrando Vida, se requieren 575 millones y la Secretaría de la Defensa Nacional producirá apenas 100 millones, informó el subsecretario de Inclusión Productiva de la Secretaría de Bienestar, Javier May. Dijo que para cubrir los requerimientos se firman convenios con los estados para que en sus viveros se produzcan los ejemplares.

Este es un problema en la estrategia, al que se suman otros de diseño y operación con efectos regresivos, señaló la Red Mocaf en un documento enviado a las secretarías de Bienestar y de Agricultura.

De acuerdo con May, este año se prevé la siembra de 570 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, en 2.5 hectáreas de cada ejidatario se cultivará milpa intercalada con árboles frutales. Explicó que en los convenios con los gobiernos estatales se acordó que en Chiapas se producirán 7 millones de plantas, en Tabasco 6 millones y en Veracruz 25 millones en viveros comunitarios.

En un documento enviado a los titulares de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos, la Red Mocaf –que agrupa ejidos y comunidades forestales– señaló que hay falta de controles para asegurar la transparencia y equidad en la selección de predios y, por tanto, de los beneficiarios.

Hay concentración de recursos en propietarios privados que rentan parcelas, faltan estudios de prospección para orientar la producción agroforestal y la producción de planta disponible en cantidad, calidad y se requiere el tiempo justo para plantarla, sostuvo.

Otro problema es que hay testimonios de predios desmontados o deforestados en Puebla, Veracruz y Chiapas que no reúnen los requi-sitos para su incorporación al pro-grama; agregó que no se debe sancionar o criminalizar a quienes hayan incurrido en esas prácticas, sino corregir el diseño del programa.

La organización señaló que a pesar de que el programa se promociona como Comunidades Sustentables, hay una preocupante individualización de los apoyos y una exclusión de ejidos y comunidades agrarias, así como de las asociaciones de productores que pueden existir y la inducción hacia estructuras organizativas impulsadas por el programa. Esto, agregó, puede limitar los derechos constitucionales de libre asociación, debilitar el tejido social de ejidos y comunidades agrarias e impulsar la creación de estructuras corporativas.

El programa es una de las principales inversiones de política pública, por lo que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable puede hacer aportaciones para su mejora, mientras la Red Mocaf propuso que la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto de ese consejo lo analice, con aportaciones gubernamentales y no gubernamentales para que presenten recomendaciones y se envíen a la Secretaría de Bienestar.